Por Luis Ramón López

MOCA, Espaillat.- La presencia de menores de edad en determinadas esquinas y espacios públicos, presuntamente expuestas a situaciones de explotación sexual, así como la circulación de contenidos en las redes sociales en los que algunas adolescentes describen encuentros, experiencias y situaciones de carácter sexual, ha encendido las alarmas sobre una realidad que no puede continuar siendo ignorada por la sociedad dominicana.

Lo más preocupante es que, en algunos casos, estos contenidos se difunden públicamente, acompañados de conversaciones y comentarios que presentan situaciones de riesgo como si fueran acontecimientos cotidianos, mientras crece la preocupación por la ausencia de respuestas institucionales visibles y contundentes.

Una realidad que se extiende por barrios y zonas turisticas

Esta problemática no parece limitarse a hechos aislados ni a determinados sectores. Es una realidad que, según denuncias y observaciones ciudadanas, se hace cada vez más visible en distintos barrios del país, con especial preocupación por su presencia en zonas turísticas y sectores populares de la capital dominicana.

En algunos espacios públicos y esquinas de nuestros barrios se reporta la presencia de adolescentes expuestas a situaciones de explotación sexual. A esto se suma la difusión de contenidos en las redes sociales donde algunas menores hablan abiertamente de encuentros y experiencias sexuales, sin que se conozca una respuesta institucional proporcional a la gravedad de estas situaciones.

Detrás de esta realidad puede haber niñas y adolescentes sometidas a explotación, manipulación, amenazas, abandono, violencia o captación por parte de adultos que se aprovechan de su vulnerabilidad. Por eso, no se trata simplemente de un problema de conducta juvenil, sino de una situación que demanda investigación, protección y persecución de quienes puedan estar lucrándose con la explotación sexual de menores.

Y dónde está CONANI?

Ante este panorama, resulta inevitable preguntarse cuál es el papel que está desempeñando el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), organismo creado para garantizar y proteger los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana.

La ciudadanía necesita conocer qué programas de prevención están funcionando, cuáles son los mecanismos de intervención en las comunidades y qué acciones se ejecutan para identificar y rescatar a menores que pudieran estar siendo víctimas de explotación sexual.

CONANI no puede limitarse a ser una institución de presencia administrativa. Su responsabilidad exige vigilancia, trabajo comunitario, atención especializada, coordinación con el Ministerio Público y protección efectiva de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Una mirada a los antecedentes históricos

La preocupación por la protección de la infancia en República Dominicana también invita a recordar la labor desarrollada durante el gobierno del presidente Antonio Guzmán Fernández (1978-1982), período en el que la primera dama Renée Klang de Guzmán impulsó iniciativas de asistencia y protección a la niñez, entre ellas el trabajo de promoción y desarrollo del organismo conocido como Consejo Nacional para la Niñez.

Su participación dejó una referencia histórica sobre la importancia de colocar a la infancia entre las prioridades de las políticas públicas nacionales.

Sin embargo, los desafíos actuales son mucho más complejos. Las redes sociales, la captación de menores por adultos, la explotación sexual comercial y las nuevas formas de violencia requieren instituciones preparadas, recursos suficientes y capacidad de intervención.

La sociedad no puede permanecer indiferente

Es necesario que CONANI, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las demás instituciones competentes coordinen acciones para investigar las denuncias, identificar posibles redes de explotación y garantizar protección integral a las menores afectadas.

También corresponde a las plataformas digitales colaborar frente a contenidos que involucren explotación sexual infantil, evitando su circulación y preservando las evidencias para las investigaciones.

Las niñas y adolescentes no deben ser estigmatizadas, señaladas ni tratadas como responsables de su propia explotación. Son personas cuyos derechos deben ser protegidos, independientemente de las circunstancias en que se encuentren.

La pregunta que queda planteada es esta: ¿cuánto más tendrá que esperar la sociedad dominicana para ver una respuesta efectiva de las instituciones llamadas a proteger a sus niños, niñas y adolescentes?

La protección de la infancia no puede quedarse en discursos, campañas publicitarias ni declaraciones oficiales. Debe traducirse en acciones concretas, prevención, rescate, acompañamiento y justicia.