Por Luis Ramón López

MOCA, Espaillat.– El paro de 24 horas realizado en Moca y San Víctor, este lunes 10 de agosto de 2026, dejó algo más que calles con poco movimiento, comercios cerrados y una reducción considerable del transporte; puso sobre la mesa una realidad política y social que las autoridades no deberían ignorar.

La jornada de protesta terminó convirtiéndose en una especie de termómetro del descontento ciudadano y, para algunos sectores, en un revés para quienes apostaron a que la convocatoria de las organizaciones populares y comunitarias fracasaría.

El Gobierno y sus autoridades locales, parecieron asumir el reto de medir fuerzas con los convocantes, apostando a que el llamado no encontraría respaldo suficiente entre la población. Sin embargo, el resultado fue diferente al esperado por quienes confiaban en el descrédito de la protesta.

La población respondió.

Y lo hizo, en buena medida, porque encontró en las demandas planteadas por las organizaciones populares y comunitarias reclamos que considera legítimos, acumulados durante años y relacionados con problemas que todavía no encuentran respuestas satisfactorias.

El comportamiento de Moca, durante la jornada dejó una pregunta sobre la mesa: ¿qué está pasando para que una parte importante de la población esté dispuesta a detener sus actividades para reclamar respuestas?. Un reconocido comerciante de la ciudad, al referirse a la jornada, resumió el sentimiento de una parte de la ciudadanía con una expresión que merece ser tomada en cuenta.

“No apoyamos la huelga, pero lógicamente hay razones suficientes. No por 24 horas, sino por una semana, porque hay demasiadas cosas que están faltando”, habría expresado el recocido comerciate mocano.

La frase refleja una contradicción que no debería pasar inadvertida. Se puede estar en desacuerdo con una huelga y, al mismo tiempo, reconocer que existen razones que alimentan el descontento social. Ahí podría encontrarse una de las principales lecciones de la jornada.

No necesariamente se trata de determinar quién ganó o quién perdió una huelga. Se trata de entender por qué una comunidad llega al punto de considerar necesario paralizar sus actividades para llamar la atención de las autoridades.

Moca y las promesas pedientes

Entre las quejas que han generado controversias durante los últimos años aparece la construcción de la Circunvalación Moca, Estancia Nueva-Cruce de Chero, una obra considerada estratégica para el municipio y la provincia. Este proyecto, de aproximadamente 1.2 kilómetros de longitud, fue anunciado originalmente con un costo cercano a los RD$750 millones. Sin embargo, con el paso del tiempo, el monto que se atribuye a la obra se ha elevado hasta aproximarse a los RD$4,000 millones, según las denuncias formuladas desde distintos sectores.

Y mientras las cifras aumentan, también aumenta la pregunta que se hacen los mocanos: ¿cuándo estará finalmente terminada e inaugurada la obra vial?. Casi seis años, después de iniciados los trabajos, la obra continúa siendo uno de los principales símbolos de la frustración de sectores de la población.

Para muchos ciudadanos resulta difícil comprender cómo una infraestructura de apenas 1.2 kilómetros puede prolongarse durante tantos años y alcanzar un costo tan elevado. La comparación con otras obras construidas en distintas zonas del país, también alimenta el cuestionamiento; proyectos de mayor extensión y complejidad han sido concluidos en períodos considerablemente menores.

Una provincia que reclama inversión

El debate trasciende la circunvalación. Espaillat, es una provincia con una importante actividad productiva, agrícola, pecuaria, comercial, industrial y de servicios, y sus sectores económicos constituyen una parte significativa del aparato productivo nacional.

Sin embargo, existe un sentimiento extendido entre sectores empresariales, comunitarios y políticos de que la inversión pública no se corresponde con el aporte que realiza la provincia a la economía nacional.

Moca, como principal centro urbano de Espaillat, enfrenta reclamos relacionados con infraestructura vial, servicios públicos, agua potable, saneamiento, recogida de basura, transporte, salud y otras necesidades que las comunidades consideran prioritarias. De ahí que la huelga no pueda analizarse únicamente desde la perspectiva de una confrontación política entre el Gobierno y las organizaciones convocantes.

Existe un componente social que merece ser examinado.

El costo político de ignorar las señales. Para cualquier gobierno, una protesta popular constituye una señal de advertencia. Pero cuando esa protesta encuentra respaldo ciudadano, el mensaje adquiere mayor dimensión. El problema para las autoridades no debería ser únicamente demostrar que una huelga fracasó o que tuvo éxito.

El verdadero desafío consiste en determinar por qué la población decidió respaldarla. Si las autoridades interpretan el paro exclusivamente como una acción de sectores opositores, podrían estar perdiendo la oportunidad de identificar las causas reales del malestar. Porque las necesidades de una comunidad no tienen partido.

El ciudadano que reclama una calle, agua potable, servicios de salud, una obra terminada, recogida eficiente de basura o mejores condiciones económicas no necesariamente está actuando por razones partidarias.

El Gobierno podría considerar que el paro fue una acción de sus adversarios. Las organizaciones populares, por su parte, pueden interpretarlo como una victoria. Pero hay una tercera lectura que quizás sea más importante; Moca está enviando una señal.

El desgaste de una administración no necesariamente comienza con una derrota electoral. Puede comenzar mucho antes, cuando las promesas se acumulan, las respuestas no llegan y las comunidades sienten que sus reclamos no son escuchados.

El paro de 24 horas podría ser apenas una fotografía de ese momento. Y si las autoridades no atienden las causas que originan el descontento, podrían repetirse escenarios similares.

La pelota esta ahora en el gobierno

Después de la jornada de protesta, el desafío queda colocado sobre la mesa del Gobierno y de las autoridades locales. Ya no se trata solamente de determinar si las organizaciones populares pudieron paralizar Moca. La pregunta fundamental es qué hará el Gobierno frente a las demandas que provocaron la protesta.

¿Habrá diálogo?. ¿Se establecerá un cronograma para concluir las obras pendientes?. ¿Se explicará públicamente el costo real de la Circunvalación Moca-Estancia Nueva-Cruce de Chero?. ¿Se atenderán los problemas de servicios e infraestructura reclamados por las comunidades?. ¿Se incrementará la inversión pública en una provincia que reclama mayor participación en los proyectos de desarrollo nacional?

Las respuestas podrían determinar si el paro del 10 de agosto, queda registrado simplemente como otra jornada de protesta o si, por el contrario, representa el comienzo de una etapa de mayor presión social sobre las autoridades. Moca habló.