Por Luis Ramón López

SANTO DOMINGO.– La presencia de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, ha comenzado a generar reacciones en distintos sectores de la sociedad dominicana, particularmente entre quienes interpretan su gestión diplomática como una postura más firme frente a determinadas prácticas y actuaciones que, según consideran, venían desarrollándose sin suficiente escrutinio, vigilancia y control.

Para sectores que respaldan su gestión, la diplomática estadounidense habría llegado al país con una agenda orientada a fortalecer la institucionalidad, la transparencia, la seguridad y el respeto a las normas, una posición que, afirman, ha incomodado a determinados grupos con intereses particulares.

En ese contexto, ha cobrado fuerza la percepción de que algunas críticas dirigidas contra la embajadora no serían producto exclusivamente de diferencias diplomáticas o de criterios políticos, sino que podrían responder a intereses afectados por el nuevo tono de la representación estadounidense.

Quienes defienden la actuación de Campos, sostienen que, desde su llegada, se han producido cambios en la manera de abordar determinados temas de interés nacional y bilateral, especialmente aquellos relacionados con la institucionalidad, la seguridad y el combate a prácticas que afectan la estabilidad democrática.

De acuerdo con esta visión, la diplomática habría «puesto la tapa al pomo» frente a actuaciones que durante años pudieron desarrollarse con mayor margen de maniobra, provocando resistencia entre sectores que preferirían mantener el statu quo.

La presencia de la embajadora Leah F. Campos

La presencia de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, ha generado una lectura particular en determinados sectores nacionales, que consideran que su gestión diplomática ha marcado una diferencia por la firmeza con que Washington, estaría defendiendo sus intereses y prioridades estratégicas en el país.

Desde esta perspectiva, Campos, no habría llegado a República Dominicana, simplemente a cumplir una función protocolar, sino como representante de un gobierno decidido a proteger sus intereses, sus inversiones y su posición geopolítica en el Caribe, además de profundizar la cooperación en áreas sensibles como la lucha contra el narcotráfico, la libertad de expresión, el lavado de activos y el crimen organizado.

Sus defensores sostienen que algunas de estas actividades ilícitas pudieron desarrollarse durante años con niveles de impunidad o con insuficiente respuesta institucional, y que la presencia de una diplomacia estadounidense más activa habría contribuido a colocar nuevamente esos asuntos en el centro de la agenda pública.

Campos, ha llegado en un momento en que era necesario elevar el nivel de vigilancia sobre fenómenos como el narcotráfico, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas que pueden penetrar instituciones y sectores económicos.

El tiempo, las evidencias y los resultados de su gestión serán los mejores jueces para determinar si la embajadora Leah F. Campos, ha contribuido a fortalecer la institucionalidad dominicana o si, por el contrario, sus críticos tienen razones legítimas para cuestionar su actuación.