El doctor Roberto Rosario, dice «no hay transparencia ni garantía» en contrato de fideicomiso de Punta Catalina

Roberto Rosario: eliminar que cónsules manejen servicios consulares a  discreción

Por Luis Ramón López

MOCA. Espaillat.-El doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la JCE, consideró que en el contrato de fideicomiso de la planta eléctrica Punta Catalina, enviado al Congreso por el Gobierno, «no hay transparencia ni garantía de que un bien público pudiera ser preservado».

Refirió que el gobierno vendió una cosa y está aplicando otra en muchísimas áreas en la que Punta Catalina no es la excepción, señalando que el gobierno se comprometió a que lo primero que iba a hacer era auditar a Punta Catalina y determinar si ciertamente hubo una sobre evaluación y no lo ha hecho.

De acuerdo, al alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, el gobierno lo que esta planteando, en el mismo contrato, que está poniendo en manos de los técnicos que ellos autoricen y hagan una tasación de este bien; y no lo esta´haciendo este gobierno.

«El gobierno está remitiendo esta propuesta de fideicomiso al Congreso, que después que la ha enviado se ha abierto una discusión que a permitido a la FP, darnos cuenta que hay más de 17 fideicomisos, esto quiere decir, que el gobierno de alguna manera está tratando de poner en manos privadas o en manos mixtas, Estado-sector privado áreas sensibles de la economía y la electricidad es una de ella», indicó el doctor Rosario Márquez.

Explicó que de alguna manera, en el caso especifico de la planta Punta Catalina, lo que el Estado está haciendo es «peor que la capitalización o la privatización de ese servicio»; un contrato por 30 años, el nombramiento por ley de un equipo técnico y a todo eso el Estado está renunciando a todo tipo de control de un bien público.

Dijo el doctor Roberto Rosario Márquez, que el que revisa ese contrato de fideicomiso, se dará cuenta que lo que ellos dicen es que deben hacer acopio de los principios generales de la Ley 340-06 sobre Compras, hacer acopio generales de la Ley de Transparencia, cuando se trata de uno de los bienes público de mayor valor en la República Dominicana.

Manifestó que el primer error en que incurrió el Gobierno, es que ha estado aplicando una política de fideicomiso público sin una ley marco que lo regule. Hay una ley que se utilizar para el mercado hipotecario, básicamente dirigido al sector turístico, que prevee en un artículo, que a su vez remite a un numeral de ese artículo, la posibilidad de que haya otros fideicomisos.

También el doctor Roberto Rosario Márquez, quien pertenece a la dirección política de la FP, se refirió, a un reglamento en el artículo 94 o 95, tiene un artículo genérico que abre la posibilidad de fideicomiso público.

El gobierno debió, explica, fue hacer primero, someter un proyecto de ley de fideicomiso público, que regule como van a operar las empresas que resulten de esos procesos.

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