
Nota editorial

La aprobación del nuevo Código Penal dominicano, que entrará en vigencia en agosto de 2026, ha abierto importantes debates jurídicos y sociales. Entre los aspectos que más preocupación han generado en amplios sectores de la sociedad figura el artículo 310, una disposición que, según juristas, periodistas y defensores de derechos fundamentales, podría representar un retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
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