Por Luis Ramón López
MOCA, Espaillat.-El tráfico ilícito de migrantes haitianos en situación migratoria irregular se ha transformado en una de las actividades ilícitas más lucrativas y desafiantes para la seguridad nacional en la República Dominicana.
Este fenómeno, que opera a lo largo y ancho del territorio nacional, encuentra en la Línea Noroeste, su corredor más activo y vulnerable, convirtiendo el transporte clandestino en una red de alta rentabilidad económica operada por desaprensivos que vulneran constantemente los controles fronterizos.
Un entramado operativo sobre ruedas
La modalidad delictiva ha evolucionado de manera alarmante. Las redes criminales dedicadas a este tráfico ya no discriminan métodos ni medios de transporte; utilizan desde automóviles privados y yipetas de alta gama hasta vehículos pesados y de carga, e incluso se han detectado casos insólitos donde intentan burlar los puestos de control ocultando a migrantes en espacios acondicionados o mezcladoras de cemento.
Este negocio mueve millonarios recursos financieros de manera informal. Los traficantes cobran altas sumas de dinero por cada ciudadano extranjero trasladado desde la frontera hacia el interior del país, prometiendo rutas seguras que frecuentemente terminan colapsando ante la presión de los operativos de inteligencia.
La Línea Noroeste: Zona focal de interdicción
Provincias como Dajabón, Montecristi y Valverde concentran la mayor cantidad de operaciones de interceptación debido a su cercanía limítrofe. Los informes de los cuerpos castrenses y de seguridad detallan operativos recurrentes donde patrullas terrestres, apoyadas por tecnología de vigilancia como drones, logran desmantelar caravanas de vehículos cargados de personas en condición migratoria irregular.
Ante la presión militar en los puestos de chequeo formales, los conductores y colaboradores de estas redes optan por rutas alternas rurales, caminos vecinales y fincas agrícolas para evadir la justicia. En múltiples ocasiones, al verse descubiertos, los infractores abandonan los vehículos con los pasajeros a bordo o protagonizan persecuciones de alto riesgo que ponen en peligro la vida de los transeúntes.
Impacto institucional y respuesta del Estado
Las autoridades del Ejército de República Dominicana (ERD), el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y la Dirección General de Migración (DGM) mantienen una vigilancia reforzada en la región para frenar estas acciones consideradas una afrenta directa a la soberanía y las leyes migratorias del país.
Los implicados en este delito, tanto choferes como cabecillas de redes locales, son arrestados y puestos a disposición del Ministerio Público bajo cargos graves de tráfico ilícito de personas, enfrentando el peso de la ley en el marco del ordenamiento jurídico vigente.
Sin embargo, la persistencia de esta actividad criminal evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de inteligencia y la penalización severa para desarticular por completo las estructuras cómplices que operan en ambos lados de la frontera.
Un delito con sanciones severas
La Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, contempla como tráfico ilícito promover, inducir, financiar, transportar o colaborar de cualquier forma con la entrada, salida o tránsito irregular de una persona, cuando se persigue un beneficio económico u otro provecho para sí o para terceros.
La norma vigente establece penas de 10 a 15 años de reclusión y multas de 150 a 250 salarios mínimos para quienes resulten responsables de ese delito.oas+1
Además, el Senado aprobó en junio de 2026 modificaciones a la legislación sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, que plantean elevar las sanciones para estos hechos a entre 20 y 25 años de prisión. El alcance definitivo de esos cambios depende del avance y conclusión del proceso legislativo correspondiente.
El transporte de personas con estatus migratorio irregular no debe confundirse automáticamente con trata de personas. El tráfico ilícito se caracteriza por facilitar el cruce o traslado irregular, generalmente a cambio de un beneficio. L
La trata, en cambio, implica explotación y puede producirse aun sin cruce fronterizo. La diferencia jurídica es determinante para la investigación y la calificación penal de cada caso.
El caso de una abogada de Moca
Uno de los episodios más recientes que ha llamado la atención en torno al transporte clandestino de extranjeros ocurrió en la comunidad El Laurel, provincia Dajabón, donde miembros del Ejército, detuvieron a la abogada Sandra Maribel Furcal Guzmán, residente en Moca, provincia Espaillat.
De acuerdo con los reportes publicados sobre el operativo, la jurista conducía una Honda CR-V blanca, cuando fue detenida alrededor de las 10:05 de la noche, durante una revisión militar. En el compartimiento destinado al equipaje fueron encontrados tres ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.
Durante la intervención, Furcal Guzmán, manifestó a los militares que había dado una “bola” a los extranjeros y pidió que no fuera detenida ni se difundieran imágenes del procedimiento. Posteriormente fue sometida a la justicia.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Dajabón, le impuso presentación periódica, cuidado y vigilancia de un garante e impedimento de salida del país durante seis meses, mientras avanza el proceso relacionado con la acusación de transporte ilegal de extranjeros.
El caso adquiere particular interés por tratarse de una profesional del Derecho residente en Moca y porque vuelve a colocar en el debate público la participación de personas de distintos sectores sociales en el traslado de extranjeros en condición migratoria irregular hacia la República Dominicana.
