Por Luis Ramón López

MOCA, Espaillat.-El reciente caso de la joven identificada como “Nice Be”, señalada públicamente como presunta implicada en la muerte de la joven conocida como “Baby Love” en Haití, vuelve a colocar sobre la mesa un tema de profunda preocupación nacional: la vulnerabilidad de las fronteras de la República Dominicana y la capacidad de personas vinculadas a hechos criminales para entrar y salir del territorio nacional.

De acuerdo con las informaciones que han circulado sobre el caso, la joven habría ingresado a territorio dominicano y establecido residencia en un sector de Santo Domingo Este. Sin embargo, cuando su nombre comenzó a ser relacionado con el grave hecho ocurrido en Haití y aumentó la atención sobre su posible participación, habría logrado abandonar nuevamente el país.

Esta situación plantea serias interrogantes a las autoridades. ¿Cómo logró ingresar? ¿Qué controles fueron aplicados? ¿Cómo pudo establecerse en territorio dominicano? Y, sobre todo, cómo logró salir del país con aparente facilidad cuando ya existían informaciones que la vinculaban a un hecho criminal?

Una alerta para la seguridad nacional

El caso no debe ser visto únicamente como un episodio aislado. Por el contrario, constituye una nueva señal de alerta sobre los riesgos que enfrenta la República Dominicana, ante la crisis social, política y de seguridad que afecta a la vecina nación haitiana.

Durante años, diferentes sectores nacionales han advertido sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control fronterizo, migratorio y de inteligencia, especialmente frente a la posibilidad de que personas vinculadas al crimen organizado y a grupos armados puedan intentar utilizar territorio dominicano como lugar de tránsito, refugio o escape.

La preocupación aumenta ante las reiteradas informaciones internacionales sobre la expansión y el poder alcanzado por bandas criminales en Haití.

En ese contexto, cualquier indicio sobre la posible presencia, movilidad o apoyo a integrantes de organizaciones criminales haitianas dentro de la República Dominicana debe ser investigado con la mayor seriedad por las autoridades competentes.

La preocupación por la banda 400 Mawozo

El caso también ha generado preocupación por las versiones y denuncias relacionadas con una posible conexión con estructuras criminales haitianas, entre ellas la conocida banda 400 Mawozo, donde supuestamente es amante de uno de sus líderes.

Sin embargo, cualquier afirmación sobre la presencia directa de miembros de esa organización en territorio dominicano debe ser confirmada oficialmente mediante investigaciones de los organismos de seguridad y del Ministerio Público.

Lo que sí queda en evidencia, a partir de casos como este, es la necesidad de que las autoridades dominicanas mantengan una vigilancia permanente y refuercen los sistemas de inteligencia para evitar que el territorio nacional pueda ser utilizado por personas perseguidas por la justicia o vinculadas a organizaciones criminales.

No es un simple problema migratorio

La vulnerabilidad de las fronteras no puede analizarse solamente desde la perspectiva migratoria. Se trata también de un asunto de seguridad nacional.

La República Dominicana, comparte con Haití, una frontera terrestre y mantiene una relación inevitable con la compleja realidad que vive el vecino país. Por esa razón, el Estado dominicano tiene la obligación de fortalecer sus controles, mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad y garantizar que toda persona que ingrese o salga del territorio pueda ser debidamente identificada.

El país no puede esperar a que ocurra una tragedia mayor para tomar medidas más firmes. Las alertas han sido numerosas. La creciente violencia en Haití, el fortalecimiento de bandas armadas y el deterioro de las instituciones del vecino país constituyen una realidad que inevitablemente representa desafíos para la seguridad dominicana.

Una llamada urgente a las autoridades

El caso de Esther Thomas (“Nice Be”) debe servir como una oportunidad para realizar una profunda revisión de los mecanismos de vigilancia y control existentes. No basta con hablar de seguridad fronteriza. Es necesario garantizar que los sistemas funcionen eficazmente.

La ciudadanía necesita respuestas sobre cómo personas vinculadas a investigaciones criminales pueden entrar, residir y posteriormente salir del territorio nacional sin que los organismos correspondientes puedan impedirlo o, al menos, detectar oportunamente su movimiento.

La República Dominicana, necesita fronteras más seguras, mejores mecanismos de inteligencia y una mayor coordinación entre Migración, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos especializados de seguridad.

Porque proteger las fronteras no significa solamente impedir la entrada irregular de personas. Significa también proteger la seguridad, la tranquilidad y la soberanía nacional.

El caso debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Y las autoridades tienen el deber de determinar si se trató de una falla individual, una debilidad institucional o la existencia de mecanismos que permitan a personas vinculadas al crimen organizado desplazarse con facilidad dentro y fuera del territorio dominicano.

Las alertas están sobre la mesa. Ignorarlas sería un riesgo que la República Dominicana no puede permitirse. La presencia de las bandas haitianas en República Dominicana es ya una realidad evidente e innegable.