Por Luis Ramón López

SANTO DOMINGO.-La detención del líder religioso Lee Man-Hee, de 95 años, fundador de la Iglesia de Jesús Shincheonji, ha generado un creciente debate internacional sobre la libertad religiosa, la libertad de expresión y la proporcionalidad de las medidas adoptadas por el Estado surcoreano.

Lee Man-hee fue detenido el 24 de junio de 2026, después de que un tribunal de Seúl emitiera una orden de arresto a petición de los investigadores, quienes lo acusan de haber presionado a miles de seguidores para afiliarse al People Power Party (PPP) con el propósito de influir en procesos electorales. Las autoridades justificaron la detención, entre otros argumentos, por un supuesto riesgo de destrucción de pruebas.

La Iglesia de Jesús Shincheonji, ha rechazado las acusaciones y sostiene que Lee ha colaborado con las autoridades durante toda la investigación. La organización también cuestiona la necesidad y proporcionalidad de mantener detenido a un hombre de 95 años, señalando que no existiría riesgo de fuga ni de destrucción de evidencias.

Más allá de las acusaciones que deberán ser demostradas ante los tribunales, la situación ha despertado interrogantes sobre la manera en que una democracia debe equilibrar la investigación de posibles delitos políticos con la protección de las libertades fundamentales.

Para sectores que respaldan a Lee Man-Hee, su encarcelamiento constituye un agravio contra la libertad religiosa y un intento de silenciar una voz que durante décadas ha promovido iniciativas internacionales de paz. Desde esa perspectiva, la avanzada edad del líder religioso hace todavía más preocupante su permanencia bajo detención preventiva.

No obstante, las acusaciones formuladas por las autoridades surcoreanas también deben ser tomadas en consideración. Los investigadores sostienen que más de 50.000 integrantes de Shincheonji habrían sido movilizados entre 2021 y 2024 para afiliarse al PPP, en una operación que, según las autoridades, buscaba influir en procesos internos de selección de candidatos.

Por ello, cualquier análisis responsable debe distinguir entre la defensa de la libertad religiosa y la determinación de responsabilidades penales. Defender los derechos fundamentales de una persona no significa anticipar su inocencia ni impedir que las autoridades investiguen.

Lee Man-Hee ha construido buena parte de su imagen pública internacional alrededor de iniciativas relacionadas con la paz y el diálogo. Sus defensores consideran que su trayectoria constituye una contribución a la búsqueda de entendimiento entre pueblos y comunidades religiosas.

Desde esa óptica, su detención es percibida como un intento de “apagar una luz” dedicada a la paz mundial, especialmente por tratarse de un hombre de edad avanzada que, según sus seguidores, ha dedicado buena parte de su vida a promover esos ideales.

Organizaciones internacionales de defensa de la libertad religiosa también han comenzado a prestar atención al caso. Una coalición internacional de académicos, abogados y líderes religiosos ha cuestionado la proporcionalidad de la detención preventiva de Lee Man-hee y ha llamado la atención sobre las garantías del debido proceso.

El verdadero desafío para Corea del Sur, consiste en demostrar que la investigación y el proceso judicial se desarrollan dentro de los límites de un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos.

La libertad religiosa protege la posibilidad de profesar una fe, organizarse y expresar convicciones. Pero esa libertad, como otros derechos fundamentales, no convierte a ninguna persona o institución en inmune frente a la ley cuando existen acusaciones concretas de conducta ilícita.

Por ello, el caso de Lee Man-Hee deberá ser observado con especial atención por la comunidad internacional. Si existen pruebas de delitos, corresponde a la justicia demostrarlos mediante un proceso imparcial; si no existen, corresponde garantizar que una persona no permanezca privada de libertad de manera innecesaria o desproporcionada.

Lo que está en juego, por tanto, va más allá de la figura de un dirigente religioso de 95 años. Está en juego la capacidad de una democracia para demostrar que puede investigar sin perseguir, juzgar sin prejuzgar y garantizar la libertad religiosa y de expresión incluso cuando las ideas o comunidades investigadas resulten controvertidas.

Y es precisamente ahí donde la comunidad internacional debe mantener los ojos abiertos: la defensa de la libertad religiosa no puede depender de que una persona sea popular o impopular, ni de que su religión sea mayoritaria o minoritaria. Los derechos fundamentales se ponen verdaderamente a prueba cuando se defienden también frente a quienes resultan incómodos.

LA RD RECLAMA LIBERTAD A LÍDER RELIGIOSO

La República Dominicana, se suma al clamor internacional de organizaciones e instituciones defensoras de los derechos humanos, la libertad de expresión y la libertad religiosa, reclaman al Gobierno de Corea del Sur, la libertad inmediata y sin condiciones del líder religioso Lee Man-hee, de 95 años.

Desde la República Dominicana, se plantea que, independientemente de las controversias judiciales que rodeen el caso, ninguna persona debe ser privada de sus derechos fundamentales de manera arbitraria o desproporcionada, especialmente cuando se trata de la libertad de conciencia, religión y expresión.

El reclamo dominicano, se incorpora así a las voces internacionales que demandan que las autoridades surcoreanas garanticen plenamente el debido proceso y revisen la necesidad y proporcionalidad de la medida de privación de libertad contra el nonagenario líder religioso.

La República Dominicana, tradicionalmente vinculada a los principios de convivencia pacífica, diálogo y respeto a los derechos humanos, expresa su solidaridad con quienes, desde diferentes partes del mundo, levantan su voz en defensa de estas libertades.