Por Luis Ramón López

SAN VÍCTOR, Espaillat.– La muerte del agricultor José Castillo Bello, ocurrida en la comunidad de La Moquita, Puesto Grande, ha desencadenado un clima de tensión en esa zona montañosa del municipio de San Víctor, donde, tras el sepelio de la víctima, se registraron incidentes contra propiedades ocupadas por ciudadanos haitianos.

De acuerdo con informaciones de residentes, tras las honras fúnebres del agricultor, un grupo de comunitarios protagonizó actos de represalia contra viviendas y pertenencias utilizadas por ciudadanos haitianos que residían en la zona, provocando un ambiente de incertidumbre entre esa población.

Según testigos, varias personas incendiaron ajuares y otros objetos, mientras manifestaban su indignación por la muerte de Castillo Bello. Como consecuencia de estos hechos, numerosos ciudadanos haitianos abandonaron la comunidad por temor agresiones.

Algunos residentes expresaron su rechazo a la permanencia de inmigrantes haitianos en la jurisdicción y emitieron advertencias públicas para que abandonaran el lugar. Estas manifestaciones reflejan el clima de tensión que se vive en la zona tras el homicidio.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para localizar al presunto responsable del crimen y llevarlo ante la justicia. Al mismo tiempo, hicieron un llamado a la población a mantener la calma y evitar actos de violencia.

El caso ha generado consternación en las comunidades del macizo montañoso de la Cordillera Septentrional, donde José Castillo Bello, era oriundo y muy conocido por su dedicación a las labores agrícolas.

El nacional haitiano, ha sido identificado por la Dirección Central de Investigación (DiCRIM), de la Policia Nacional, donde según los rastreo de la cámara de seguridad del 911, es identificado por la familia del occiso el señor José Rafael Castillo Bello

Las autoridades reiteraron que corresponde a los organismos de investigación y al sistema judicial establecer las responsabilidades penales del caso, al tiempo que exhortaron a los ciudadanos a canalizar cualquier reclamo por las vías legales y a evitar acciones que puedan poner en riesgo la seguridad y la convivencia en la comunidad.