Por Luis Ramón López

MOCA, Espaillat.-Este lunes 3 de agosto de 2026, entra en vigencia de manera oficial, el nuevo Código Penal de la República Dominicana, establecido mediante la Ley 74-26, una reforma que modifica importantes aspectos del sistema penal dominicano y que ha generado expectativas, debates y llamados a la vigilancia ciudadana sobre la aplicación de sus disposiciones.

En medio de este nuevo escenario jurídico, sectores de opinión pública, han advertido al Gobierno y a las instituciones del Estado que cualquier intento de utilizar nuevas normas, reglamentos o mecanismos institucionales para atemorizar, intimidar o restringir derechos fundamentales podría provocar un fuerte rechazo ciudadano.

La advertencia se centra especialmente en la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la crítica, la participación ciudadana y otras garantías protegidas por la Constitución dominicana y los tratados internacionales de derechos humanos.

Sectores sociales sostienen que el fortalecimiento del Estado de derecho no puede confundirse con mayores controles sobre la ciudadanía, los medios de comunicación o quienes ejercen vigilancia sobre el poder público.

Advierten que cualquier acción que pueda interpretarse como una amenaza contra las libertades democráticas podría generar un ambiente de tensión innecesario y abrir la puerta a expresiones de inconformidad popular.

“Mucho cuidado y ojos avisor. No inventen, porque el volcán está dormido, pero no apagado”, es el mensaje que envían sectores preocupados por el equilibrio entre autoridad estatal y los derechos ciudadanos.

La expresión refleja el temor de que decisiones consideradas excesivas puedan provocar una reacción colectiva mediante manifestaciones pacíficas, incluyendo los llamados “acerolazos”, una forma de protesta ciudadana utilizada históricamente para expresar rechazo a determinadas medidas gubernamentales.

Quienes formulan la advertencia señalan que ningún gobierno, sin importar su origen político, debe olvidar que la estabilidad democrática depende del respeto a las libertades públicas. Entienden que la tranquilidad social no debe interpretarse como ausencia de preocupación ciudadana, sino como una oportunidad para fortalecer el diálogo, la transparencia y la confianza institucional.

“Un conflicto entre el Estado y la población no beneficia a nadie; al final quien pierde es la democracia”, expresan sectores que llaman a las autoridades a actuar con prudencia y responsabilidad.

Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, las autoridades judiciales tendrán el desafío de garantizar una aplicación equilibrada de la ley, respetando los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y protección de los derechos fundamentales.

Juristas y sectores de la sociedad civil han señalado que toda reforma penal debe tener como objetivo mejorar la seguridad jurídica, combatir la criminalidad y fortalecer la justicia, pero nunca convertirse en un instrumento para limitar la crítica o perseguir expresiones ciudadanas.

La advertencia final dirigida a las autoridades es mantener los ojos abiertos y evitar cualquier paso que pueda generar confrontaciones innecesarias con la población.

La entrada en vigencia del nuevo Código Penal, coloca al país ante una etapa de cambios jurídicos importantes. El desafío será demostrar que la ley sirve para proteger a la sociedad y fortalecer la democracia, no para reducir los espacios de libertad conquistados por la ciudadanía.

Porque, como advierten algunos sectores; el volcán puede estar dormido, pero la democracia exige respeto permanente para evitar que despierte. La suerte está echada.