Por Luis Ramón López

OPINIÓN.-Los grandes terremotos ocurridos en distintos países de la región constituyen un recordatorio permanente de que ningún territorio ubicado en zonas de actividad tectónica está completamente exento de sufrir una tragedia de gran magnitud, lo ocurrido en Venezuela, el doble terremotos de 7.2 y 7.5, es un llamado de atención para prepararnos.

Para la República Dominicana, asentada sobre importantes fallas geológicas, estos acontecimientos deben servir como una oportunidad para revisar su capacidad de prevención, respuesta y resiliencia.

Durante las últimas dos décadas, ciudades como Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Punta Cana y otras zonas urbanas han experimentado un crecimiento sin precedentes de edificios de apartamentos, hoteles, plazas comerciales y torres corporativas.

Este desarrollo inmobiliario ha transformado el paisaje urbano y dinamizado la economía, pero también plantea interrogantes sobre el rigor con que se supervisa el cumplimiento de las normas de construcción.

Especialistas en geología han advertido durante años que la República Dominicana se encuentra en una región de alta actividad sísmica debido a la interacción entre las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica.

Ello significa que el riesgo sísmico forma parte de la realidad geográfica del país y que la planificación urbana debe incorporar criterios estrictos de seguridad estructural.

Una de las principales inquietudes de ingenieros, arquitectos y ciudadanos es si todas las edificaciones cumplen efectivamente con los reglamentos de diseño y construcción resistentes a sismos.

Más allá de la existencia de normas técnicas, la verdadera garantía de seguridad depende de la calidad de los materiales, la supervisión durante la construcción, la fiscalización de las autoridades competentes y el mantenimiento adecuado de las estructuras.

La confianza ciudadana requiere procesos transparentes de inspección y certificación.

Preparación más allá de las edificaciones

La prevención no termina cuando concluye una obra.

Los expertos insisten en la necesidad de fortalecer los planes nacionales de emergencia, realizar simulacros periódicos, educar a la población sobre cómo actuar durante un terremoto y dotar a los organismos de socorro de los recursos necesarios para responder ante una eventual catástrofe.

Uno de los mayores desafíos del país es desarrollar una auténtica cultura de prevención. Muchas veces la atención pública sobre los riesgos naturales aumenta únicamente después de una tragedia ocurrida dentro o fuera del país, para luego disminuir con el paso del tiempo.

Los expertos coinciden en que la mejor inversión no es la reconstrucción posterior al desastre, sino la prevención mediante planificación urbana responsable, educación ciudadana y cumplimiento estricto de las normas de construcción.

También resulta esencial que hospitales, escuelas, edificios públicos e infraestructuras estratégicas sean evaluados regularmente para verificar su capacidad de resistir un evento sísmico importante.

Una responsabilidad compartida

La preparación frente a los desastres naturales no corresponde únicamente al Gobierno. Involucra al sector privado, a los profesionales de la ingeniería y la arquitectura, a las universidades y a la ciudadanía.

Cada nueva torre, edificio o proyecto urbano representa una oportunidad para demostrar que el desarrollo económico puede ir acompañado de altos estándares de seguridad.

Los terremotos ocurridos en diferentes países recuerdan que la prevención siempre resulta menos costosa que la reconstrucción. Para la República Dominicana, el crecimiento vertical de sus ciudades debe ir acompañado de una supervisión rigurosa del cumplimiento de las normas de construcción, planes de respuesta eficaces y una cultura de prevención.

La verdadera interrogante no es únicamente si la República Dominicana, está ubicada en una zona sísmica, porque esa es una realidad geológica conocida. La pregunta de fondo es si el país cuenta con instituciones de vigilancia, supervisión y control suficientemente fuertes para garantizar que las edificaciones cumplan rigurosamente con las normas antisísmicas.

Esa duda surge en una sociedad donde la fiscalización de las obras públicas y privadas suele ser objeto de cuestionamientos.