Por Luis Ramón López

OPINIÓN.-En los últimos años, uno de los temas que con mayor frecuencia ha ocupado el debate público en la República Dominicana, ha sido la confianza en el sistema de justicia. Diversos sectores sociales, académicos, jurídicos y comunitarios han expresado preocupación por lo que consideran una creciente percepción de desigualdad en la aplicación de las leyes.

Para muchos ciudadanos, existe la impresión de que la justicia actúa con mayor severidad contra los sectores económicamente vulnerables, mientras que los procesos que involucran a figuras de poder político, económico o social suelen avanzar con mayor lentitud, enfrentan numerosos recursos legales o terminan sin las sanciones que parte de la población esperaba.

Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la idea de que existen dos realidades distintas dentro del sistema judicial; una para quienes poseen recursos económicos, influencia o acceso a equipos jurídicos especializados, y otra para los ciudadanos comunes que carecen de esas ventajas.

Esta percepción se fortalece cuando se comparan casos de delitos comunes, cuyos imputados son procesados y condenados con relativa rapidez, frente a procesos complejos relacionados con corrupción administrativa, lavado de activos o delitos financieros, que suelen extenderse durante años en los tribunales.

Aunque desde el punto de vista jurídico cada caso posee características particulares y debe respetarse el debido proceso, amplios sectores de la población interpretan estas diferencias como señales de desigualdad ante la ley.

Las últimas décadas han estado marcadas por importantes investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción que captaron la atención nacional e internacional.

Muchos de estos expedientes fueron presentados como esfuerzos para fortalecer la transparencia institucional y combatir la impunidad. Sin embargo, los resultados de algunos procesos han generado frustración en sectores de la opinión pública que esperaban condenas contundentes y recuperación efectiva de recursos públicos.

Para la población estos casos terminaron convirtiéndose en prolongadas batallas judiciales cuyos resultados no siempre coincidieron con las expectativas creadas durante las investigaciones iniciales.

La credibilidad de la justicia

La credibilidad de la justicia constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. Cuando una parte significativa de la población percibe que la ley no se aplica de manera uniforme, se debilita la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de derecho.

Especialistas en gobernanza y transparencia, advierten que la percepción de impunidad puede resultar tan dañina como la impunidad misma, debido a que afecta la legitimidad de las instituciones y genera escepticismo sobre la capacidad del Estado para sancionar conductas ilícitas.

Una demanda de la sociedad

La aspiración de una justicia independiente, transparente y accesible sigue siendo una de las principales demandas de la sociedad dominicana. Más allá de posiciones políticas o ideológicas, existe un consenso creciente sobre la necesidad de que las leyes se apliquen con los mismos criterios para todos los ciudadanos, sin importar su condición económica, influencia o posición social.

El fortalecimiento institucional, la rendición de cuentas y el respeto al debido proceso aparecen como elementos esenciales para recuperar y consolidar la confianza pública en la administración de justicia.

En una democracia moderna, la legitimidad de los tribunales no solo depende de sus decisiones, sino también de la convicción ciudadana de que todos los individuos son iguales ante la ley y de que la justicia actúa con imparcialidad, independencia y apego estricto a la Constitución y las normas jurídicas.

Los casos sonoros de la justicia

Entre los casos más conocidos figura el de Caso Odebrecht en República Dominicana, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina. Las expectativas generadas en torno a las investigaciones y los resultados judiciales posteriores provocaron intensos debates sobre la capacidad del sistema para sancionar delitos complejos relacionados con la administración pública.

Otro expediente ampliamente discutido fue la Operación Antipulpo, que involucró acusaciones de presuntas irregularidades administrativas y corrupción contra exfuncionarios y personas vinculadas al poder político. El caso se convirtió en uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años.

También destacan la Operación Coral y la Operación Coral 5G, investigaciones dirigidas contra presuntas redes de corrupción administrativa y militar que generaron una amplia cobertura mediática y expectativas de importantes precedentes judiciales y otros de igual expectativa.

Estos casos representaban una oportunidad histórica para demostrar que nadie está por encima de la ley. Sin embargo, la complejidad de los procesos, los numerosos incidentes judiciales, los aplazamientos y la duración de los expedientes han contribuido a fortalecer una percepción de lentitud e incertidumbre sobre los resultados finales.

Una pregunta que cada vez se escucha con mayor frecuencia en distintos sectores de la sociedad dominicana es si los grandes expedientes de presunta corrupción terminarán teniendo el mismo desenlace que otros procesos que generaron enormes expectativas públicas, consumieron cuantiosos recursos del Estado y ocuparon durante años la atención de la opinión pública.

Los casos ventilados han parecido verdaderas «películas judiciales» de alto costo económico, institucional y mediático, caracterizadas por extensas investigaciones, voluminosos expedientes, largas audiencias y una intensa cobertura de prensa. Sin embargo, existe preocupación de que de estos procesos concluyan sin las sanciones ejemplarizantes que parte de la población espera.

La credibilidad de la justicia no se mide por los anuncios ni por los titulares de prensa, sino por la capacidad de producir decisiones oportunas, transparentes y fundamentadas en la ley, que cambien la película.