Por Luis Ramón López

MOCA, Espaillat.-En la República Dominicana cada vez son más frecuentes las voces que cuestionan el funcionamiento del sistema de justicia y de seguridad, señalando que el verdadero problema nacional no son únicamente los muertos que dejan los llamados “intercambios de disparos” entre presuntos delincuentes y agentes policiales, sino el profundo deterioro institucional que, según diversos sectores, ha fallado en garantizar justicia, transparencia y respeto a la ley.

Durante años, los casos de personas abatidas en supuestos enfrentamientos con agentes policiales han generado controversias, dudas y debates públicos. Mientras las autoridades sostienen que muchos de estos hechos ocurren en operativos contra delincuentes armados, sectores sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos, consideran necesario revisar con mayor profundidad los procedimientos y el papel de las instituciones responsables de investigar cada caso.

Sin embargo, el debate va mucho más allá de la actuación policial. Para numerosos ciudadanos, el verdadero colapso se encuentra en un sistema judicial percibido como lento, desigual y distante de las necesidades de la población.

De acuerdo con reportes oficiales y publicaciones de medios nacionales, durante los primeros cinco meses del año 2026 unas 93 personas murieron en supuestos “intercambios de disparos” con agentes policiales en el país.

Asimismo, estadísticas publicadas anteriormente señalan que en el año 2025 se registraron alrededor de 187 muertes de presuntos delincuentes en enfrentamientos armados con organismos de seguridad, mientras que en 2024 la cifra habría alcanzado 227 casos.

La percepción ciudadana

En distintos sectores sociales existe la percepción de que cada institución opera bajo sus propios intereses, estilos y conveniencias, debilitando la confianza pública y generando una peligrosa sensación de impunidad.

Muchos ciudadanos cuestionan que mientras algunos casos reciben atención inmediata, otros permanecen olvidados o paralizados en los tribunales. Esa desigualdad alimenta la frustración social y fortalece la idea de que la justicia no actúa con el mismo rigor para todos.

A esto se suma la creciente preocupación por los niveles de arrogancia institucional que, según críticos del sistema, afectan tanto a organismos policiales como judiciales, creando barreras entre las autoridades y la ciudadanía.

Analistas entienden que el país necesita una reforma profunda basada en transparencia, independencia, formación ética y fortalecimiento institucional. Consideran urgente construir un modelo de justicia más humano, equilibrado y confiable, capaz de garantizar derechos, combatir el crimen y recuperar la credibilidad perdida.

La población también reclama mejores oportunidades sociales, educación, empleos y programas preventivos que reduzcan la delincuencia desde sus raíces, en lugar de depender únicamente de respuestas represivas o confrontaciones violentas.

Para diversos sectores nacionales, la solución no está solamente en endurecer medidas policiales, sino en transformar integralmente un sistema que, según entienden, ha fallado a la sociedad dominicana durante décadas.

El desafío continúa siendo construir instituciones fuertes, transparentes y cercanas al ciudadano, donde la ley sea aplicada con equilibrio, responsabilidad y verdadero sentido de justicia social.