Por Luis Ramón López

MOCA, Espaillat.-El Banco Agrícola de la República Dominicana (Bagrícola), se ha consolidado como una pieza clave en la administración pública dominicana. Su rol va más allá del financiamiento rural, y hoy se debate entre ser un instrumento de apoyo al campo dominicano y una posible fuente de problemas políticos y financieros para el gobierno del presidente Luis Abinader Corona.

Desde que inició la gestión de Abinader en 2020, el Banco Agrícola, ha visto un crecimiento acelerado en su cartera de créditos. Según cifras oficiales y reportes del sector, los préstamos formalizados a través del banco superaron los RD$104,477 millones, con unos 17,000 agricultores beneficiados durante el periodo analizado.

Además, la entidad ha canalizado recursos importantes para proyectos productivos en diversos rubros como frutas, ganadería y cultivos tradicionales, con apoyo incluso del Estado para enfrentar desastres naturales.

Este dinamismo ha sido enmarcado por el gobierno como un esfuerzo por garantizar la seguridad alimentaria, fortalecer la producción interna y reducir la dependencia de importaciones. Programas como Siembra RD, contemplan financiamiento adicional a través de Bagrícola con tasas preferenciales para incentivar la expansión productiva.

EL CONTRASTE CON SENASA

El debate público sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos cobró notoriedad con el caso SENASA (2025), un escándalo de presuntas irregularidades administrativas, fraude y malversación de recursos en el Seguro Nacional de Salud, el seguro de los pobres.

Este caso se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción y ha obligado al Gobierno a posicionarse públicamente a favor de investigaciones independientes, incluso cuando involucran instituciones del propio Estado.

En este escenario, críticos han alertado que el Banco Agrícola, podría convertirse en el “próximo caso SENASA” si no se refuerzan los controles internos sobre la aprobación y uso de los préstamos, especialmente aquellos otorgados en el contexto de campañas electorales o a allegados políticos del gobierno.

La advertencia fue formulada recientemente por el abogado y comunicador José Martínez Brito, quien señaló que diversos funcionarios con poder de decisión en la entidad podrían enfrentar consecuencias judiciales si se confirman irregularidades en créditos que favorecieron a personas sin tierras u otros beneficiarios cuestionables.

La preocupación sobre el uso adecuado de recursos públicos ha abierto un espacio de debate nacional más amplio. Voces opositoras y analistas independientes han señalado que, al igual que SENASA, instituciones con una función social crítica pueden verse comprometidas por prácticas clientelistas o falta de transparencia, erosionando la confianza ciudadana y exponiendo políticamente al Ejecutivo.

Esto ocurre en un contexto en el que figuras políticas han pedido investigaciones más profundas dentro del Banco Agrícola, para evitar que se repitan errores de gestión o posibles abusos de poder.

Las exigencias para aclarar posibles casos de mal manejo de fondos o políticas de crédito cuestionadas buscan que la entidad no termine siendo otra fuente de escándalo con impacto para la administración actual.

Mientras tanto, el gobierno de Abinader, ha continuado defendiendo la importancia del Banco Agrícola como motor del desarrollo rural y la seguridad alimentaria, asegurando que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de su gestión.

Oficialmente se sostiene que los recursos financiados han permitido no solo sostener la producción agrícola sino también generar oportunidades económicas en zonas rurales.

No obstante, las tensiones entre las expectativas ciudadanas y las exigencias de supervisión han puesto de manifiesto un reto profundo, cómo equilibrar el rol social de una institución financiera estatal con la necesidad de transparencia e integridad en su operación, evitando que se convierta en un pasivo político similar al caso SENASA.