Por Luis Ramón López

MOCA, Espaillat.-El anuncio gubernamental de implementar un nuevo casco protector de alta tecnología, inspirado en estándares internacionales, ha encendido el debate entre especialistas, asociaciones de motoconchistas y expertos en seguridad vial.

Aunque la medida busca reducir el alarmante número de muertes y lesiones graves por accidentes de motocicletas, uno de los problemas más señalados es el costo estimado, que rondaría los 3 mil pesos por unidad, muy por encima de lo que los motoconchistas dominicanos pueden asumir en su realidad económica cotidiana.

Mientras en países desarrollados el casco protector es visto como una inversión obligatoria para preservar la vida, en República Dominicana, donde la motocicleta es el instrumento de trabajo y la fuente principal de ingreso de cientos de miles de familias, la imposición de un casco de alto costo puede convertirse en una barrera más que en una solución.

Los motoconchistas, que constituyen uno de los sectores laborales más vulnerables, operan en un contexto donde ganar 600 o 800 pesos al día ya es un reto. Para muchos, adquirir un casco valorado en 3 mil pesos implica sacrificar comida, medicamentos o útiles escolares.

Los trabajadores del transporte motorizado reclaman que el Gobierno debe acompañar esta medida con educación vial, señalización adecuada y control del tránsito, no solo con la imposición de multas.

LA PROTESTA DE LOS MOTOCONCHISTAS

Decenas de motoconchistas de distintos municipios del país se lanzaron este jueves a las calles en abierta protesta contra la nueva normativa técnica del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), que obliga tanto a conductores como a pasajeros a usar cascos homologados como requisito indispensable para circular.

Los manifestantes calificaron la medida como “antihigiénica, costosa y abusiva”, asegurando que pretende “hacerle la vida de cuadritos” a quienes dependen del motoconcho para su sustento diario. Señalan que el casco homologado exigido por el Gobierno tiene un precio muy por encima de sus posibilidades económicas, representando para ellos un golpe adicional en medio del alto costo de la vida.

Los motoconchistas expresaron que no se oponen al uso del casco protector, pero advirtieron que la nueva normativa ignora la realidad social y económica del sector. Afirman que, en la práctica, obligar también a los pasajeros a usar un casco homologado implica un riesgo sanitario debido al uso compartido del mismo, lo que muchos consideran insalubre y “totalmente antihigiénico”.

Durante la jornada de protesta, los conductores exigieron que el INTRANT revise la normativa, abra un proceso de diálogo y tome en cuenta la capacidad adquisitiva de quienes viven del transporte motorizado. Recalcaron que el Gobierno debe buscar alternativas viables, como subsidios, plazos razonables o un modelo de casco a menor costo, para garantizar la seguridad sin quebrar a miles de familias.

Los representantes del sector advirtieron que continuarán movilizados hasta que la medida sea revisada y se establezcan criterios más justos y acordes con la realidad nacional.