La Procuraduría investiga presuntos obstáculos del PLD a auditorías CC

VIDEO: Miriam Germán Brito,

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) investiga los supuestos obstáculos que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentó a las auditorías de los fondos que recibió de la Junta Central Electoral (JCE) para los comicios de 2012 y 2016.

La titular del organismo, Miriam Germán Brito, afirmó que el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, le suministró esa información y que en base a ella ordenó la investigación.

Dijo que Álvarez Pérez visitó la Procuraduría General el 9 y 30 de septiembre para tratar diversos temas, incluyendo el de las auditorías al PLD que dieron lugar a unas «diligencias» a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución.

En ese sentido, Pepca y la Dirección de Persecución requirieron la comparecencia del presidente interino del PLD Temístocles Montás, así como la del contralor de la organización política Francisco Liranzo y el gerente financiero Audilio Vargas para cuestionarle sobre las dificultades que habría puesto ese en­te político a los trabajos de dicha auditoría.

Junto a Montás tam­bién fueron citados el contralor y el gerente fi­nanciero del partido mo­rado, Francisco Liranzo y Audilio Vargas, respecti­vamente.

De acuerdo a un comunicado de la PGR, Álvarez Pérez también depositó ante el Ministerio Público declaraciones juradas de bienes de funcionarios o exfuncionarios y, además, aportó una lista con los denominados «omisos» que incumplen con la ley 311-14 sobre declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios y servidores públicos.

«Se está investigando un gran número de denuncias sobre algunos departamentos del Estado, también sobre declaraciones juradas que fueron traídas por la Cámara de Cuentas, entre ellas de funcionarios que no hicieron declaraciones juradas en el tiempo establecido por la ley», dijo Germán Brito.

Agregó que «las declaraciones juradas serán investigadas todas y el que tenga un incremento diferente se pudiera someter a la Justicia si no tiene justificación para ese incremento de su fortuna, porque podemos deducir que hay un enriquecimiento ilícito».

Sobre el particular, especificó que 45 días «jamás» resultará un tiempo excesivo para un proceso de investigación de una denuncia o una querella en la que, como en algunos casos, existen «muchas cuestiones a ser examinadas por peritos forenses» y, además, se debe pedir información a entidades del área financiera.

«Es que si uno hace un expediente y lo conduce de manera atropellante y con una rapidez desesperada, la más probable es que le salga flojo el caso y que en un juicio al fondo no se sostenga», consideró.

Explicó que para condición de instrucción basta que un hecho sea probable y que la persona investigada sea el probable autor de eso, «pero para un juicio no es así, para un juicio de fondo debe probarse fuera de toda duda razonable».

Germán Brito se refi­rió al tema al responder una pregunta de N Digi­tal al concluir una rueda de prensa virtual, vía la plataforma de Zoom, que ofreció a periodistas que cubren la fuente de la Pro­curaduría.

jt/am

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