La querella fue presentada en la Procuraduría de Medio Ambiente, a través del abogado Juan Frías Agramonte.

En la instancia piden ordenar al ministerio público realizar un descenso en la cuenca del río Yuna para comprobar los hechos alegados.

También solicitan que sea acogida la querella con constitución en actor civil de parte de las entidades y poner en movimiento la acción pública en contra de la empresa minera.

Dicen que junto a la querella presentaron datos sobre metales “altamente contaminantes y efectos devastadores para la salud humana” como el cromo, que han sido encontrado en la presa de Hatillo, según los querellantes, provenientes de las operaciones minera.