Por Luis Ramón López

MOCA, Espaillat.-La diáspora dominicana en los Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos económicos más difíciles en décadas. En medio de una escasez de empleos, rentas históricamente elevadas, alimentos cada vez más caros y servicios básicos con tarifas en constante aumento, la imposición de un 1 % de impuesto a las remesas ha sido recibida como un nuevo y duro golpe a la ya frágil economía de miles de familias trabajadoras.

Para los dominicanos residentes en Nueva York y otros estados de la Unión Americana, enviar dinero a la República Dominicana, no es un lujo: es un acto de responsabilidad familiar, un compromiso moral con padres envejecientes, hijos, hermanos y parientes que dependen de esos recursos para sobrevivir. Cada dólar enviado representa horas de trabajo en jornadas extensas, muchas veces en empleos mal remunerados y sin estabilidad.

La realidad económica actual en Estados Unidos, dista mucho de ser alentadora para los inmigrantes. El aumento del costo de la vida ha reducido de manera drástica la capacidad de ahorro de los trabajadores latinos. En ciudades como Nueva York, el alquiler consume gran parte del salario mensual, mientras que la canasta básica, el transporte y los servicios públicos continúan encareciéndose.

En ese contexto, el impuesto del 1 % a las remesas es percibido como una penalización directa al sacrificio del migrante, que ya enfrenta múltiples presiones económicas. “No es solo el uno por ciento, expresan comunitarios, es lo que representa cuando cada dólar cuenta”.

Las remesas enviadas por la diáspora dominicana constituyen uno de los principales soportes de la economía nacional, impactando directamente en el consumo, la educación, la salud y la estabilidad de miles de hogares en la República Dominicana.

Para muchas familias receptoras, ese dinero es la diferencia entre comer o no comer, entre acceder a medicamentos o suspender tratamientos, entre mantener a los hijos en la escuela o verlos abandonar los estudios. Cualquier reducción, por mínima que parezca, tiene consecuencias reales y profundas.

El nuevo gravamen ha generado indignación y frustración entre los dominicanos en el exterior, quienes sienten que, lejos de recibir apoyo, se les coloca una carga adicional cuando más vulnerables se encuentran. La percepción generalizada es que este impuesto castiga al trabajador honrado, al que sostiene dos economías con un solo salario: la de Estados Unidos y la de su país de origen.

Las remesas de los dominicanos residentes en los Estados Unidos a República Dominicana, son enormes, rebasando los US$10,000 millones al año; este es el principal origen de divisas para el pais, donde se incluye también el turismo.

En el 2024, el 84% de las remesas llegaron desde EE. UU., es decir, alrededor de US$11,000 millones), y para 2025 se preveían más de US$12,200 millones en total, con ese país liderando esas transferencias monetarias.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), informa de números récord, lo que demuestra la importancia crucial de estos envíos para la estabilidad económica y el tipo de cambio en el país.

Organizaciones comunitarias y líderes de la diáspora advierten que esta medida del gobierno de Doanld Trump, puede provocar una reducción en el envío formal de remesas, incentivando métodos alternativos que escapan a los controles financieros, con efectos colaterales no deseados.

Más allá de los argumentos fiscales, la discusión toca una fibra profundamente humana. La diáspora dominicana no envía dinero por comodidad, sino por necesidad y solidaridad familiar. En un escenario global marcado por la incertidumbre económica, cualquier política que afecte directamente ese flujo debe ser analizada con sensibilidad social y responsabilidad histórica.

Para muchos dominicanos y latinos en Estados Unidos, el impuesto del 1 % a las remesas no es una simple cifra: es un golpe mortal a unos bolsillos ya exhaustos, una carga que amenaza con romper el delicado equilibrio económico de miles de hogares a ambos lados del Caribe.

Ha surgido una alternativa ante la entrada en vigor del impuesto federal del 1% a las remesas enviadas desde Estados Unidos en efectivo, giros postales o cheques de caja, que promueven el Gobierno de la República Dominicana, a través del INDOTEL y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) , que han lanzado una campaña de alfabetización digital y educación financiera dirigida a su comunidad migrante.

La iniciativa conjunta busca promover el uso seguro de herramientas digitales y fomentar el envío de remesas a través de canales bancarios y electrónicos, los cuales están exentos del nuevo gravamen. El objetivo es reducir el impacto económico de la medida sobre las familias dominicanas que dependen de estos recursos.