Por Luis Ramón López

MOCA, Espaillat.-En el escenario político dominicano, donde la forma suele ser tan importante como el fondo, las actitudes y declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, han generado crecientes cuestionamientos por lo que muchos interpretan como gestos de irreverencia y desacato político frente a la figura y decisiones del presidente de la República, Luis Abinader.

La democracia admite el disenso, incluso dentro de un mismo partido. Sin embargo, sectores políticos y analistas consideran que Pacheco ha cruzado la línea entre la discrepancia institucional y el irrespeto público, especialmente cuando sus posturas y declaraciones se perciben como confrontacionales, desautorizantes o desalineadas del liderazgo presidencial que, constitucionalmente, encabeza el Poder Ejecutivo.

No se trata solo de votar distinto o cuestionar decisiones, sino del lenguaje político, del momento elegido y del impacto que estas actitudes generan en la opinión pública y en la cohesión del partido gobernante.

Desde el Congreso, Pacheco ocupa una posición estratégica. Sus pronunciamientos no son los de un dirigente cualquiera: tienen peso institucional. Cuando el presidente de la Cámara Baja emite señales de desacuerdo en tonos percibidos como desafiantes, se debilita la autoridad política del presidente Abinader, se envían mensajes confusos al país y se alimenta la percepción de desorden interno en el gobierno.

Para muchos, estas actitudes terminan beneficiando más a la oposición que a la democracia, al proyectar una imagen de fractura y falta de respeto a la investidura presidencial.

Algunos interpretan la conducta de Pacheco como una estrategia de afirmación personal y construcción de poder interno, en un contexto donde las aspiraciones futuras comienzan a marcar la agenda. Otros lo ven como una señal de la ausencia de un árbitro político fuerte dentro del PRM, capaz de alinear criterios y preservar la disciplina institucional.

Sea cual sea la motivación, lo cierto es que el protagonismo excesivo y el choque público con el presidente no fortalecen al gobierno ni al partido, y mucho menos a la institucionalidad democrática.

Nadie espera sumisión ciega ni silencio absoluto. Pero sí se espera respeto a la figura presidencial, a las decisiones del Ejecutivo y a los canales internos de discusión. Gobernar implica coordinar poderes, no enfrentarlos desde la tribuna mediática.

La crítica responsable construye; la irreverencia pública, en cambio, erosiona la gobernabilidad y desgasta la confianza ciudadana en sus representantes.

El caso Pacheco-Abinader, es una señal de alerta temprana para el PRM y el sistema político dominicano. Cuando los egos pesan más que el proyecto colectivo, el poder se fragmenta y el país paga el precio.

En tiempos de desafíos económicos y sociales, la prudencia, el respeto institucional y la coherencia política no son virtudes opcionales: son obligaciones del liderazgo.