Por Luis Ramón López

MOCA, Espaillat.-En los últimos meses, los crecientes cuestionamientos de usuarios han puesto en el centro del debate a los principales bancos del sistema financiero nacional, tras denunciar la sustracción de sumas importantes de dinero de sus cuentas de ahorro, presuntamente ejecutadas por delincuentes cibernéticos, sin que medie autorización ni consentimiento de los afectados.

La situación ha generado indignación, desconfianza y una ola de denuncias públicas, debido a que, en la gran mayoría de los casos, los clientes aseguran no haber recibido respuestas satisfactorias, rápidas ni certeras por parte de las entidades bancarias, lo que agrava aún más el daño económico y emocional sufrido.

Usuarios consultados relatan que, tras detectar transacciones desconocidas en sus cuentas, acuden de inmediato a las sucursales o canales de atención, encontrándose con procesos burocráticos lentos, poca orientación y una cadena interminable de trámites. Muchos describen que, lejos de recibir soluciones, son sometidos a reclamos prolongados y desgastantes, “dando más brincos que un chivo”, como expresan coloquialmente algunos afectados.

En múltiples casos, las investigaciones internas se extienden por semanas o meses, sin información clara ni devolución de los fondos sustraídos, mientras los ahorrantes quedan desprotegidos y en la incertidumbre.

Uno de los señalamientos más recurrentes es la deficiente comunicación de los bancos ante estos fraudes. Los clientes denuncian la ausencia de protocolos visibles, explicaciones oportunas y acompañamiento efectivo, a diferencia de la rapidez y eficiencia que muestran las entidades cuando se trata de ofrecer préstamos u otros servicios financieros.

Esta falta de equilibrio en la atención ha provocado un deterioro progresivo de la imagen institucional de varios bancos, ya que los propios usuarios consideran que las entidades están fallando en su responsabilidad de proteger los ahorros confiados por la ciudadanía.

IMPACTO EN LA CONFIANZA DEL SISTEMA

La acumulación de denuncias, difundidas tanto en medios de comunicación como en redes sociales, ha derivado en una mala propaganda involuntaria, generada por la ausencia de respuestas serias y oportunas. Para muchos usuarios, el problema no es solo el fraude en sí, sino la sensación de abandono y la percepción de que la carga de probar la inocencia recae injustamente sobre la víctima.

Expertos advierten que la confianza es el pilar fundamental del sistema bancario, y que situaciones como estas, si no se corrigen con prontitud, pueden provocar un distanciamiento entre los clientes y las instituciones financieras.

UN LLAMADO ACCIONES CONCRETAS

Los usuarios exigen a los bancos mayor inversión en seguridad digital, así como protocolos claros de respuesta inmediata, transparencia en las investigaciones y compensaciones justas cuando se compruebe que el cliente no tuvo responsabilidad en las transacciones fraudulentas.

Asimismo, llaman a los organismos reguladores a supervisar con mayor rigor la actuación de las entidades financieras ante denuncias de fraude, para garantizar la protección efectiva de los ahorros y los derechos de los clientes.

Mientras tanto, la indignación continúa creciendo, alimentada por la percepción de que los bancos han fallado en dar respuestas oportunas a un problema que afecta directamente la tranquilidad económica de miles de familias y pone en juego la credibilidad del sistema financiero nacional.