Por Ney Santana

SANTIAGO.-El Instituto Oncológico Regional del Cibao enfrenta una deuda cercana a los RD$750 millones con laboratorios farmacéuticos, compromiso financiero heredado de la gestión anterior encabezada por el ingeniero Héctor Lora.

La información fue ofrecida por el presidente del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, Iván Mercader, quien además denunció que el centro asistencial habría sido impactado por un presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), principal sostén económico de la institución.

Mercader afirmó que en el oncológico operaba una estructura dedicada a modificar indicaciones médicas de pacientes afiliados a Senasa, con el propósito de agregar estudios innecesarios y facturarlos a la aseguradora estatal. Señaló que incluso había un médico designado exclusivamente para realizar esos cambios.

“Llegaba una indicación médica, se alteraba y se añadían procedimientos que el paciente no necesitaba ni ameritaba”, expresó el galeno durante una entrevista en el programa El Día, transmitido por Telesistema.

El titular del patronato también denunció que la administración pasada mantuvo un control unipersonal durante siete años, sin realizar las asambleas ni elecciones establecidas en los estatutos, y eliminó las figuras de tesorero y secretario.

Asimismo, reveló la expulsión de la rama femenina de la institución para, presuntamente, desviar recursos hacia entidades privadas paralelas, entre ellas “TócateRD”, así como sucursales en Montecristi, Dajabón y Tamboril.

Por su parte, el abogado del oncológico, Johan Newton López, describió la gestión anterior como una “estructura tipo mafia”, en la que familiares del expresidente controlaban áreas clave, incluyendo a su exesposa, quien ejercía simultáneamente como auditora y vicepresidenta.

Entre las irregularidades detectadas figura una supuesta triangulación comercial mediante la importación de papel libre de impuestos, vendido a una empresa vinculada al exdirector y posteriormente revendido al centro médico a precios elevados.

Actualmente, el proceso judicial investiga cargos como lavado de activos, abuso de confianza agravado y enriquecimiento injustificado. Según la acusación, los imputados poseen bienes inmobiliarios que no guardan relación con sus ingresos declarados.

Mientras avanzan las investigaciones, la defensa de los acusados ha interpuesto acciones para bloquear las cuentas del oncológico, situación que ha dificultado el pago de la nómina de unos 400 empleados y ha generado tensiones administrativas en la institución.