Por Luis Ramón López

MOCA, Espaillat.-En los últimos años, la figura del colaborador o testigo en procesos judiciales por corrupción y otros delitos graves ha cobrado un protagonismo creciente en la República Dominicana. Sin embargo, el uso y, sobre todo, el abuso de los llamados acuerdos judiciales ha abierto un debate profundo sobre si estos mecanismos están fortaleciendo la justicia o, por el contrario, están enviando un mensaje equivocado a la sociedad.

Para amplios sectores de la opinión pública, el denominado “chivateo judicial”, entendido como la delación de cómplices a cambio de beneficios, lejos de disuadir la corrupción, podría estar incentivándola.

La percepción ciudadana es clara, quienes se apropian de recursos públicos millonarios logran negociar acuerdos favorables, mientras que delitos menores reciben sanciones más severas y visibles.

El principio de la colaboración eficaz, se sustenta en una lógica comprensible, obtener información clave para desmantelar redes criminales. No obstante, juristas y ciudadanos cuestionan que estos acuerdos, en la práctica, terminen otorgando prisión domiciliaria o libertades condicionadas a personas que han sido cómplices o coautores de graves actos de corrupción.

Desde esta óptica, muchos sostienen que la negociación debería limitarse estrictamente a una reducción proporcional de la pena, pero no a beneficios que, en los hechos, anulan el carácter sancionador de la condena. El colaborador, recuerdan, no es un héroe ni un denunciante desinteresado, sino alguien que participó del delito y decide hablar cuando ya no tiene otra salida.

Uno de los aspectos que más indignación genera es el contraste entre estos acuerdos y el trato judicial a ciudadanos comunes. En el imaginario colectivo se repite un ejemplo doloroso: quien roba un bien menor y lo devuelve puede recibir prisión preventiva, mientras que quien participa en el saqueo de fondos públicos negocia condiciones privilegiadas.

Este desequilibrio alimenta la desconfianza en el sistema judicial y refuerza la idea de que la justicia es severa con los débiles y flexible con los poderosos. Para muchos, el mensaje es devastador: delinquir a gran escala parece tener mejores salidas que cometer faltas menores.

Diversos sectores coinciden en que los acuerdos o pactos judiciales no deben eliminarse, pero sí regularse con mayor rigor y transparencia. La población tiene derecho a conocer las reglas, los límites y las condiciones bajo las cuales se negocian estos pactos, así como los compromisos reales que asumen los colaboradores.

En ese sentido, se plantea que los testigos colaboradores solo deberían recibir reducciones de pena claramente establecidas por la ley, sin privilegios que puedan interpretarse como impunidad. Además, los acuerdos deben cumplirse estrictamente y estar sujetos a supervisión pública y judicial.

LA JUSTICIA QUE EDUQUE, NO QUE CONFUNDA

Más allá de lo legal, el debate es profundamente moral y social. La justicia no solo castiga, también educa y envía mensajes. Cuando esos mensajes parecen premiar el abuso de poder y castigar con dureza la pobreza, se erosiona la confianza ciudadana y se normaliza la corrupción como un riesgo calculado.

El desafío para la justicia dominicana es enorme, combatir el crimen organizado y la corrupción sin sacrificar el principio de equidad. Solo así se podrá garantizar que la colaboración con la justicia sea una herramienta legítima y no un atajo hacia la impunidad.

SANTIAGO HAZIM A PRISIÓN

Santiago Hazim, señalado como la principal cabeza del caso, el juez le impuso 18 meses como medida preventiva y enviado a prisión. El tribunal también impuso prisión a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera.

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, magistrado Rigoberto Sena, dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo,

Los delitos que se le imputan al grupo son cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.