Por Luis Ramón López

SANTO DOMINGO.-El anuncio público de José Ignacio Paliza, presidente del PRM y ministro administrativo de la Presidencia, sobre la presencia de personas vinculadas al narcotráfico tanto en el gobierno como en el partido, ha desatado una fuerte polémica nacional.

Paliza, reconoció la existencia de estos casos, aunque sostuvo que estas personas fueron apartadas de sus funciones, recibiendo críticas por lo que muchos consideran una falta de transparencia y una respuesta tardía frente a la presión internacional, especialmente después de la llegada de la nueva embajadora estadounidense, Leah Francis Campos, al país

Diversos dirigentes del PRM y figuras cercanas al poder han sido señalados o procesados por vínculos con el narcotráfico, incluyendo diputados y funcionarios que enfrentan cargos en Estados Unidos y en República Dominicana.

La admisión de Paliza, que llegó tras insistentes cuestionamientos y el refuerzo de la presión internacional a raíz de investigaciones estadounidenses, fue vista por sectores de la sociedad civil y la oposición como una confirmación de denuncias previas sobre la penetración del narcotráfico en la estructura estatal y partidista.

Desde la oposición y movimientos cívicos, se acusa al PRM y al gobierno de haber ocultado información y mentido al país, permitiendo que estas personas permanecieran en sus cargos hasta que la situación fue insostenible ante la opinión pública y los socios internacionales.

Se señala, además, que la admisión pública y el inicio de medidas correctivas coincidieron con la llegada y pronunciamiento más firme de la embajada estadounidense, cuya presión habría forzado al gobierno a reconocer los hechos.​​

Postura Oficial y Respuesta del PRM

Paliza, está admitiendo hoy lo que estuvo en discusión pública desde antes de las elecciones de 2020, cuando el PLD, colocó el tema del dinero del narco y las candidaturas del PRM, en el centro de su campaña, y aun así el oficialismo no hizo una corrección temprana visible.

En su defensa, Paliza y otros portavoces del gobierno sostienen que han adoptado una política de «impunidad cero» y que la separación de los implicados de sus funciones es una muestra de acción y transparencia.

Alegan que estos controles forman parte de un esfuerzo renovado por limpiar y fortalecer la institucionalidad, aunque críticos cuestionan la eficacia y sinceridad de estas actuaciones, dados los casos de altos perfiles señalados en los últimos meses.

Durante años, organizaciones de la sociedad civil y opositores denunciaron que estructuras del narcotráfico habían penetrado candidaturas, alcaldías y curules del PRM, con casos que terminaron en extradiciones y condenas en Estados Unidos y en el país.

Hoy Paliza, ya acorralado por la acumulación de expedientes y la presión internacional, reconoce que el “bajo mundo” se infiltró en su partido y en el Estado, intentando compensarlo con el discurso de “impunidad cero” y endurecimiento de controles internos.

En la campaña del 2020, el PLD utilizó precisamente estas denuncias como eje de ataque, acusando al PRM ,de abrirle las puertas al narco en su boleta y en su estructura territorial. El PRM, en lugar de hacer una depuración profunda y transparente en ese momento, optó por minimizar o negar, y ahora la admisión de Paliza luce como una reacción obligada más que como un acto de autorreforma política genuina.

Qué la dirigencia oficialista, con la alocución de Paliza, al pais, este lunes, reconozca la infiltración después de años de negarla alimenta la percepción de que se le mintió al pueblo, y que las rectificaciones llegan tarde, cuando el daño a la confianza institucional ya está hecho. Se abre el debate!