Por Luis Ramón López

OPINIÓN.-En los últimos meses, las denuncias por estafas bancarias en la República Dominicana se han incrementado de manera alarmante, afectando a miles de usuarios del sistema financiero nacional, tanto particulares como empresas, que han visto vulneradas sus cuentas y datos personales sin que hasta ahora se establezca una respuesta contundente de parte de las entidades bancarias.

Diversos sectores sociales, económicos y legales han comenzado a reclamar con firmeza que los bancos asuman su responsabilidad ante estos hechos, señalando que los clientes no deben ser los únicos perjudicados cuando se producen fallas de seguridad dentro de los sistemas informáticos de las instituciones financieras.

Los casos más frecuentes de estafas se realizan mediante clonación de tarjetas, suplantación de identidad, transferencias fraudulentas y accesos no autorizados a cuentas bancarias, acciones que evidencian la fragilidad de los sistemas de protección de datos.

Expertos en ciberseguridad aseguran que gran parte de los fraudes se cometen debido a filtraciones internas o vulnerabilidades tecnológicas que deberían ser prevenidas con mayores inversiones en mecanismos de protección digital y protocolos de verificación.

“Si un banco custodia el dinero de los ciudadanos, también debe garantizar la seguridad tecnológica para protegerlo”, señalan especialistas del sector financiero, advirtiendo que la confianza del público está en riesgo si las entidades no fortalecen sus barreras de seguridad y transparencia.

USUARIOS, PRINCIPALES VÍCTIMAS

Decenas de afectados denuncian que, tras reportar los robos de fondos, los bancos suelen deslindarse de responsabilidad, alegando que las operaciones se realizaron con “autorización” o mediante el uso de las credenciales del cliente. Sin embargo, los usuarios sostienen que son víctimas de fallas en los sistemas bancarios o filtraciones de datos confidenciales, lo que los deja indefensos ante pérdidas millonarias.

n muchos de estos casos, las autoridades financieras recomiendan acudir a la Superintendencia de Bancos y al Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), pero los procesos suelen ser largos y pocas veces los fondos son recuperados.

El impacto de estas estafas no solo afecta a personas físicas, sino también a pequeñas y medianas empresas que mantienen sus capitales operativos en cuentas bancarias, muchas de las cuales han sido vulneradas sin una respuesta clara de las instituciones involucradas.

Organismos de defensa del consumidor y analistas económicos insisten en que es urgente una regulación más estricta que obligue a los bancos a responder ante fallas de seguridad y a compensar a los clientes cuando se demuestre que la vulneración no fue causada por negligencia del usuario.

Ante la creciente ola de fraudes electrónicos, se plantea la necesidad de una reforma al marco legal financiero y tecnológico del país, que establezca responsabilidades claras y mecanismos de protección efectivos para los depositantes.

Los ciudadanos exigen que los bancos, además de custodiar el dinero, asuman su deber de proteger la confianza de quienes día a día confían en el sistema financiero dominicano.

EL GOBIERNO/SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

El rol de las entidades gubernamentales, como la Superintendencia de Bancos, es precisamente proteger los intereses de los ahorrantes y empresarios, garantizando la estabilidad y seguridad del sistema financiero. Tradicionalmente, estas instituciones realizan pronunciamientos públicos ante crisis o aumentos de fraudes relevantes.

Las entidades reguladoras bancarias ningunas no ha dado declaraciones recientes sobre el tema, mientras aumentan los incidentes de “chipero”, comúnmente llamados fraudes digitales o cibernéticos, que afectan tanto a ahorrantes como a empresarios.