Por Luis Ramón López

SANTIAGO.-Cinco personas, incluido el joven barbero José Vladimir Valerio Estévez, fueron abatidas por el DICRIM, durante un operativo policial en una peluquería del sector La Barranquita, en Santiago, el pasado 10 de septiembre de 2025, en un hecho que ha generado conmoción, denuncias de arbitrariedad y un profundo clamor de justicia en la ciudad y el país.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado un informe oficial claro sobre lo ocurrido, manteniendo un clima de opacidad y desconfianza.

La tarde del 10 de septiembre de 2025, agentes de la Policía Nacional, realizaron un operativo en una plaza comercial, resultando muertos cinco hombres: Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, Julio Alberto Gómez, José Vladimir Valerio Estévez (el peluquero), Edward Bernardo Peña Rodríguez y Carlos Enrique Guzmán Navarro.

Según la versión inicial de la Policía, las víctimas formaban parte de una banda vinculada a delitos graves, alegando un “intercambio de disparos” y el hallazgo de varias armas en la escena.

Sin embargo, familiares y allegados de José Vladimir Valerio han defendido su honor y trayectoria, negando rotundamente vínculos del barbero con actividades criminales y recalcando su condición de hombre trabajador y emprendedor, conocido en la comunidad por su esfuerzo y vocación.

Lo controvertido del caso radica en la falta de explicaciones: el Ministerio Público no ha hecho públicas pruebas ni un informe concluyente, y la Policía ha evitado dar detalles sobre la operación, quiénes la autorizaron y bajo qué circunstancias terminó muerto el joven barbero, sobre quien no pesaban antecedentes penales.

Este silencio ha alimentado el sentimiento de impunidad y arbitrariedad, llevando a familiares y comunidad a movilizarse con vigilias y protestas, exigiendo transparencia y justicia.

Testigos y familiares han denunciado irregularidades como la remoción de cámaras de seguridad por parte de agentes policiales y evidencias de saqueo tras los disparos. Además, la familia de Valerio reportó amenazas y actos de intimidación, así como intentos de criminalización de la víctima mediante filtración de fotos y falsos vínculos delincuenciales.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, calificó el hecho como bochornoso y prometió “cero impunidad”, mientras que el presidente Luis Abinader aseguró que la investigación llegaría “hasta las últimas consecuencias”. A pesar de promesas de suspensión de los policías involucrados y recolección de pruebas técnicas, ningún informe ni sometimiento judicial ha sido presentado a la fecha, profundizando la desconfianza social hacia el DICRIM y la Policía Nacional.

Este episodio ha puesto al descubierto el descontrol y el ejercicio arbitrario del poder policial: se ha convertido en símbolo de la crisis de derechos humanos y falta de rendición de cuentas en las labores investigativas de la institución del orden.

La masacre de La Barranquita, es percibida como muestra de una “justicia sumaria” peor que la mafia organizada que se presume combatir, dejando en evidencia las debilidades del Estado en proteger la vida y el debido proceso.

Expertos en seguridad ciudadana, advierten que este hecho no es un caso aislado. Operativos irregulares, ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza, han sido denunciados en distintas provincias del país, lo que revela un patrón de violencia institucionalizado.

Lo que debiera ser una labor técnica y rigurosa de investigación, se ha convertido, según denuncias ciudadanas, en prácticas propias de «escuadrones de la muerte», comparables a bandas de sicarios organizados estilo Colombia, México e Italia en sus tiempos de la Cosa Nostra.

La comunidad de Santiago y el país esperan, todavía, respuestas oficiales claras y sanciones ejemplares, para que la masacre del barbero Valerio y los demás no quede en la impunidad y no se repita.