Por Luis Ramón López

OPINIÓN.-La Policía Nacional de la República Dominicana, atraviesa una de sus peores crisis de legitimidad. La institución, creada en 1936, parece haberse quedado atrapada en prácticas autoritarias y represivas que chocan con la realidad del siglo XXI. Mientras la criminalidad crece y la ciudadanía reclama seguridad, la propia policía es señalada de abusos, vínculos con el bajo mundo y corrupción interna.

A lo largo de las décadas, sus métodos, estructura y objetivos han respondido más a intereses particulares y políticos que al fortalecimiento de la seguridad pública. Hoy, en pleno siglo XXI, se encuentra en una encrucijada histórica: transformar su modelo de funcionamiento o perder definitivamente la confianza de la sociedad.

Aunque el país ha avanzado en democracia, tecnología y derechos ciudadanos, la Policía Nacional continúa arrastrando esquemas propios del siglo pasado. El centralismo, la falta de transparencia y la corrupción interna han generado una percepción de desconfianza generalizada.

Expertos señalan que, en lugar de constituirse como una institución moderna y garante de la paz social, sigue siendo vista como un organismo represivo, con métodos que muchas veces atentan contra los derechos humanos.

Las encuestas reflejan que una amplia mayoría de los dominicanos desconfía de la Policía. El ciudadano de a pie no la ve como un aliado, sino como un ente que, en ocasiones, representa más temor que protección.

Casos de abuso policial, vínculos con estructuras criminales y deficiencias en los procesos de investigación y prevención del delito han deteriorado su imagen. Esto ha llevado a la conclusión de que la institución “tocó fondo” y que su legitimidad sólo podrá recuperarse con una transformación integral verdadera.

La sociedad reclama una Policía Nacional, profesional con formación continua en derechos humanos, ética y técnicas modernas de investigación, con herramientas de inteligencia, bases de datos interconectadas y sistemas de vigilancia eficientes, rendición de cuentas ante la ciudadanía y que promueva la prevención, la cercanía a la comunidad y no solo la represión.

La modernización no puede limitarse a cambiar uniformes o rangos, sino que debe abarcar un rediseño completo de su misión y visión, alineándola con las exigencias de un Estado democrático y social de derecho.

Reformar la Policía Nacional, es un desafío institucional que requiere voluntad política, inversión en recursos humanos y materiales, y sobre todo, un cambio cultural en la forma de concebir la seguridad ciudadana.

La República Dominicana, necesita dejar atrás la estructura policial de control y represión para dar paso a una policía comunitaria, de confianza y servicio. Una policía que merezca respeto no por temor, sino por credibilidad, eficiencia y cercanía con el ciudadano.

Hechos que revelan la crisis

La muerte de cinco ciudadanos a manos de agentes del DICRIM en la comunidad de La Barranquita, Santiago, ha estremecido al país y se convirtió en el símbolo de una policía que actúa con desenfreno y sin controles efectivos.

Este caso, lejos de ser un hecho aislado, refleja un patrón preocupante, la falta de protocolos claros de actuación, el uso excesivo de la fuerza y la impunidad con que se manejan los agentes policiales.

A ello se suma una situación aún más alarmante donde miembros activos de la institución han sido vinculados al sicariato y al crimen organizado, operando como brazos armados al servicio de sectores oscuros del bajo mundo. Esta realidad golpea directamente la credibilidad de la Policía y la sitúa en el ojo del huracán.