Por Luis Ramón López

OPINIÓN.-La justicia dominicana, concebida en la Constitución como garante de la equidad, la independencia e igualdad ante la ley, enfrenta un cuestionamiento profundo. A pesar de contar con un marco normativo que proclama el debido proceso como principio rector, la práctica evidencia contradicciones que ponen en duda la coherencia y credibilidad del sistema.

El caso de la exdiputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Rosa Amalia Pilarte y su esposo, Miguel Arturo López Florencio, conocido como “Miky López”, es un espejo incómodo de las falencias estructurales.

La República Dominicana ha suscrito pactos internacionales y promulgado leyes que, en el papel, garantizan que toda persona sea juzgada con igualdad de condiciones, imparcialidad y respeto a sus derechos fundamentales.

Sin embargo, la aplicación de estas garantías tropieza con un sistema judicial permeado por intereses políticos, desigualdad de poder entre las partes y falta de independencia real en la toma de decisiones.

El debido proceso, que debería ser la columna vertebral de cualquier decisión judicial, se distorsiona entre dilaciones procesales, trato desigual entre acusados de distinta influencia social y resoluciones contradictorias que generan desconfianza ciudadana.

El proceso judicial seguido contra la exdiputada Pilarte y su esposo, señalado por presuntos vínculos con operaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico, ha dejado en evidencia la brecha entre el discurso oficial de justicia y la realidad.

Mientras en casos de menor impacto social los imputados enfrentan medidas severas y procesos rápidos, en este expediente se han registrado, retardos y dilaciones procesales que prolongan indefinidamente la etapa de fondo.

Percepciones de privilegio político debido a la cercanía con sectores de poder y la aplicación desigual de medidas de coerción, comparadas con otros casos similares de imputados sin influencia política o económica.

Estos elementos, más allá del resultado final del caso, proyectan una imagen de falta de transparencia e independencia judicial, reforzando la idea de que la balanza de la justicia no pesa igual para todos.

Cada vez que un proceso de alto perfil se percibe como manipulado o viciado, la confianza en el sistema legal dominicano se erosiona. La ciudadanía interpreta que el principio constitucional de igualdad ante la ley no pasa de ser un ideal inalcanzable.

Esa pérdida de confianza tiene consecuencias graves, donde se normaliza la impunidad, al dar la impresión de que ciertos sectores siempre encontrarán salidas favorables, se debilita el Estado de Derecho, al restar legitimidad a las decisiones judiciales y refuerza la cultura de la desconfianza, donde la justicia se percibe como un privilegio y no como un derecho.

El caso Pilarte-Miky López, no es un expediente aislado, sino un símbolo de un problema estructural: un sistema judicial que, pese a proclamar valores como la transparencia, la independencia y la igualdad, no logra traducirlos en práctica coherente.

En este caso la disparidad es evidente. Mientras Miky López permanece en libertad, pese a los señalamientos de su presunta vinculación con operaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico, su esposa Rosa Amalia Pilarte cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres de Santiago.

Esta diferencia en las medidas impuestas alimenta la percepción de que la justicia no se aplica con el mismo rigor ni con criterios uniformes, incluso dentro de un mismo expediente.

La falacia del sistema judicial dominicano , radica en esa contradicción entre la norma y la realidad. Mientras no se emprendan reformas profundas que blinden al Poder Judicial de presiones políticas y económicas, la justicia seguirá siendo vista no como un pilar de la democracia, sino como un terreno desigual, donde el poder y las conexiones pesan más que los principios constitucionales.