Por Redacción

Una ridiculez jurídica…

SANTO DOMINGO.-La reciente orden de arresto emitida por el juez Raymundo Mejía, contra el comunicador Ángel Martínez, ha desatado una fuerte polémica en sectores de la opinión pública y la sociedad civil, al considerarse una acción irregular y desproporcionada, en la que, según denuncias, se habrían vulnerado derechos fundamentales del comunicador.

El caso ha generado indignación entre abogados, defensores de los derechos humanos, comunicadores y organizaciones que ven en esta decisión un preocupante ejemplo de cómo el sistema judicial puede convertirse en instrumento de represalia personal, y no de justicia imparcial, como lo exige un Estado democrático.

Según informaciones disponibles, el juez Raymundo Mejía ordenó el arresto inmediato de Ángel Martínez sin agotar el debido proceso, ni ofrecer garantías mínimas de defensa. No se presentó una citación previa, ni se notificó formalmente al comunicador sobre la causa o las razones legales que justificarían tal medida coercitiva, como establece el ordenamiento jurídico dominicano y los convenios internacionales de derechos humanos.

Expertos consultados señalan que la orden de arresto fue ejecutada de forma precipitada, sin presencia de un abogado defensor ni cumplimiento del principio de proporcionalidad, lo que constituye una violación al derecho al debido proceso, la libertad de expresión y la dignidad humana.

El caso ha encendido las alarmas sobre el posible uso de la justicia como mecanismo de silenciamiento o intimidación hacia quienes ejercen la crítica pública. En redes sociales y medios alternativos, se han multiplicado las voces que claman por la revisión urgente de este expediente y la investigación del proceder del juez Mejía.

“La justicia no puede operar por capricho o arrogancia. Este caso tiene que revisarse. No se puede permitir que la toga se utilice para atropellar derechos”, expresó un jurista que prefirió mantenerse en anonimato, pero que ha seguido el caso de cerca.

Diversas entidades y ciudadanos exigen al Consejo del Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, que intervengan para garantizar que se restablezcan los derechos del comunicador y se establezcan responsabilidades en caso de abuso de poder.

El comunicador Ángel Martínez, conocido por sus posiciones críticas, ha sido una figura influyente en medios digitales y redes sociales, lo que agrega una capa de sensibilidad al caso por el contexto en el que se produjo su arresto.

Más allá del nombre o el contenido del discurso de Ángel Martínez, este caso plantea una interrogante crucial: ¿está nuestra justicia preparada para garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluso los que resultan incómodos al poder o a sus representantes?

En un sistema democrático, la justicia no puede operar como herramienta de coerción, sino como garante de la ley y los derechos ciudadanos. Lo ocurrido con Ángel Martínez no debe pasar desapercibido: es momento de revisar, rectificar y actuar con apego al principio de legalidad y transparencia.