Por Luis Ramón López

OPINIÓN.-En el contexto de la transición energética y la revolución tecnológica global, los minerales conocidos como tierras raras han adquirido un valor estratégico sin precedentes. Utilizados en la fabricación de baterías, imanes, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, estos recursos se han convertido en un elemento clave para la economía del siglo XXI.

República Dominicana, no ha quedado fuera de este escenario: su potencial geológico ha despertado el interés de empresas extranjeras que ya exploran zonas con indicios de estos elementos. Pero ¿está el país preparado para regular esta industria emergente de forma sostenible?, es nuestra preocupación al extremo alarmante.

La respuesta, lamentablemente, es todavía no. A pesar del marco general que ofrece la Ley Minera 146-71, la normativa vigente no contempla de manera específica la explotación de tierras raras, ni responde adecuadamente a los nuevos desafíos ambientales y sociales asociados a esta actividad.

Estos minerales no se extraen como los metales tradicionales; requieren procesos intensivos, con alto uso de agua, químicos tóxicos y un impacto directo en suelos y ecosistemas, lo cual demanda una legislación moderna y especializada.

El vacío legal no solo deja desprotegido al medio ambiente, sino también a las comunidades locales, que a menudo quedan excluidas de las decisiones que afectan sus territorios. Sin estudios de impacto ambiental rigurosos, sin consultas previas reales, y sin mecanismos de fiscalización eficaces, el país corre el riesgo de repetir errores históricos de extracción depredadora con ganancias que terminan fuera del territorio nacional.

Por otro lado, existe el riesgo de una fiebre extractivista sin planificación, motivada por la presión del mercado internacional. Esto podría comprometer reservas naturales, fuentes acuíferas y áreas protegidas si no se establecen zonas no explotables desde el inicio. El desarrollo de un marco regulatorio adecuado debe incluir límites claros, licencias con transparencia, tecnología limpia, y garantías de remediación ambiental.

Desde el punto de vista económico, las tierras raras representan una gran oportunidad, sí, pero deben ser abordadas con visión de futuro. Un modelo basado en sostenibilidad, valor agregado local y encadenamiento productivo permitiría que la riqueza generada no solo beneficie a los inversionistas, sino también al país en forma de empleo digno, innovación e infraestructura.

Se han detectado en República Dominicana posibles reservas de tierras raras, con investigaciones iniciales que indican que podrían abarcar hasta 100 millones de toneladas. Estas tierras excepcionales, fundamentales para las tecnologías modernas, se hallan principalmente en la bauxita kárstica de la Sierra de Bahoruco. Según el Ministerio de Energía y Minas, la exploración y explotación de estas reservas podrían iniciarse a corto plazo.

En este contexto, el Estado dominicano debe actuar con urgencia. Es hora de abrir el debate público, involucrar a la academia, los ambientalistas, las comunidades y los sectores productivos para construir una legislación robusta que conciba la minería de tierras raras no como un simple negocio, sino como una responsabilidad compartida con el planeta y las futuras generaciones.

Porque si bien estas tierras son «raras», su valor no está solo en lo que contienen, sino en cómo las gestionamos como nación.