Por Joeldi Oviedo Grullón

OPINIÓN.-A veces uno va conduciendo, concentrado en sus asuntos, tal vez camino al trabajo o de regreso a casa, y de pronto… el golpe seco. El vehículo cae en un bache profundo, de esos que ya son parte del paisaje urbano, y uno siente el impacto no solo en el carro, sino en el ánimo. Uno sabe, casi con resignación, que algo se ha dañado. Una goma rota, una pieza afectada, un eje comprometido.

Lo que sigue es una especie de ritual dominicano: respirar hondo, maldecir la suerte, pagar la reparación de nuestro propio bolsillo y seguir como si nada. Pero aquí surge una pregunta fundamental: ¿Quién debería asumir esa responsabilidad? ¿El conductor que paga sus impuestos y transita por vías públicas, o el Estado y los gobiernos locales que tienen el deber de mantener esas vías en condiciones seguras?

La respuesta jurídica es clara: el Estado y los ayuntamientos pueden ser civilmente responsables por los daños que su negligencia cause a los ciudadanos. No es una idea revolucionaria, es simplemente el reconocimiento del deber que tiene toda administración pública de proteger a quienes están bajo su jurisdicción. Lo establece el Artículo 1382 del Código Civil dominicano, que obliga a reparar todo daño causado por culpa. Y en este caso, la falta de mantenimiento, la ausencia de señalización oportuna o la omisión en corregir un peligro evidente constituyen una clara falta del servicio público.

Otros textos legales que refuerzan este derecho son:

Artículo 148 de la Constitución Dominicana: establece que el Estado responde patrimonialmente por los daños causados por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, Artículo 19, literal b: establece la responsabilidad del ayuntamiento en la prestación y mantenimiento de los servicios públicos locales.

Artículo 1383 del Código Civil: refuerza que todo daño causado, aunque sea por negligencia o imprudencia, obliga a reparación.

Entonces uno se pregunta: si la ley me respalda, ¿por qué no se reclama con más frecuencia?

La respuesta, lamentablemente, no es jurídica sino cultural. Hemos sido educados en una lógica que asocia la búsqueda de justicia con el escándalo, con la queja innecesaria, con el “busca sonido” o el “problemático”. De algún modo, nos convencieron de que exigir nuestros derechos es una forma de bajeza, cuando en realidad es todo lo contrario. El mayor acto de civilización que puede tener una persona es el sentido de justicia. Es lo que distingue a una sociedad organizada de una tribu improvisada.

Pero en algún punto del camino, nos vendieron la idea de que reclamar es pelear, que demandar es malcriarse, que protestar es falta de educación. No sé cuándo comenzó esa narrativa, pero sí sé que ha hecho mucho daño. Porque ese desprecio al reclamo justo ha sembrado una profunda resignación en la ciudadanía.

A eso hay que sumarle otra trampa: la idea de que los procesos legales son inalcanzables, lentos y tediosos. Nos han repetido tanto que “eso no va a llegar a nada”, que muchos ni siquiera intentan hacer valer sus derechos. Y así, cada hoyo en la calle se convierte no solo en un riesgo físico para el vehículo, sino en una grieta más en nuestra dignidad colectiva.

Lo más grave es que hemos normalizado la negligencia del Estado. Caminamos sobre aceras destruidas, manejamos entre cráteres, convivimos con semáforos apagados, con postes sin luz, con puentes sin barandas. Y ya ni nos molesta. Simplemente lo aceptamos, como si fuera parte del clima. Y esa resignación, más que peligrosa, es corrosiva.

Pero no todo está perdido. Aún hay espacio para cambiar esa narrativa.

¿Qué hacer si tu vehículo sufre daños por negligencia municipal o estatal?

1. Documenta el hecho: Toma fotos del bache, del daño sufrido por el vehículo y del entorno. Si tienes cámara en el vehículo, guarda el video.

2. Haz constar el daño: Acude a un mecánico certificado para obtener un informe técnico de los daños. Guarda las facturas.

3. Redacta una reclamación formal: Dirigida al Ayuntamiento correspondiente (si es una calle municipal) o al Ministerio de Obras Públicas (si es una vía estatal). En ella debes solicitar la indemnización de los daños sufridos, incluyendo pruebas.

4. Entrega la reclamación por escrito y solicita acuse de recibo. Esto es vital para dejar constancia del procedimiento.

5. Si no recibes respuesta o esta es negativa: puedes iniciar una acción en responsabilidad civil ante el tribunal correspondiente. Lo ideal es contar con asesoría legal para que el proceso tenga mayor fuerza.

Reclamar no es quejarse. Demandar no es ser problemático. Ejercer derechos no es señal de debilidad, es señal de formación ciudadana. En un país donde la impunidad a menudo es la norma, cada acto de justicia individual fortalece la democracia. Y sí, a veces es incómodo. A veces es largo. Pero el camino de la dignidad nunca ha sido el más corto, sino el más correcto.

Porque al final del día, no se trata solo de reparar una pieza del carro. Se trata de no seguir alimentando con nuestro silencio la negligencia que nos cuesta más de lo que creemos.