Por Luis Ramón López

SAN VÍCTOR, Espaillat.-La Fiscalía Especializada de Medio Ambiente de la provincia Espaillat, bajo la dirección de la magistrada Milagros Concepción García, ha logrado una importante condena contra la empresa Endy Agroindustrial, SRL y su gerente, Andrés Avelino Sarante Castillo, por la contaminación del medio ambiente en la zona del municipio de San Víctor, en la provincia Espaillat.

Esta decisión judicial resalta el compromiso del Estado Dominicano en la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las leyes que regulan las actividades industriales.

El juicio se inició el 23 de julio de 2024 y culminó el 4 de octubre de 2024, donde se llevó a cabo la audiencia en contra del acusado y su empresa, ubicada en Ceiba de Madera, San Víctor. Endy Agroindustrial, dedicada a la producción de aves y huevos para la venta local e internacional desde 1984, fue acusada de contaminar las aguas del río Licey al Medio, afectando gravemente el ecosistema local.

La conducta del acusado fue subsumida en múltiples artículos de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluyendo los artículos 86, 90, 91, 121, 122, 124, 129, 166, 168, 174, 175 y 183. Estas disposiciones establecen las responsabilidades y sanciones para quienes infrinjan las normativas ambientales en perjuicio del Estado y la población.

Como resultado del juicio, el tribunal condenó a Andrés Avelino Sarante Castillo y a Endy Agroindustrial a un año de prisión suspendida y al pago de 25 millones de pesos a favor del Estado Dominicano. Esta sanción económica busca no solo reparar el daño causado al medio ambiente, sino también disuadir futuras infracciones por parte de otras empresas.

La magistrada Milagros Concepción García expresó su satisfacción por el fallo judicial. «Esta condena es un paso significativo hacia la protección del medio ambiente en nuestra provincia. Es un mensaje claro para todas las empresas: el respeto por nuestras leyes ambientales es innegociable», afirmó García.

La Fiscalía Especializada reafirma su compromiso con la defensa del medio ambiente y continuará vigilando las actividades industriales para garantizar que se cumplan las normativas vigentes. La colaboración entre las autoridades ambientales y judiciales es esencial para proteger los recursos naturales y asegurar un entorno saludable para las comunidades.