PANAMÁ,-El comisionado Luis Ortiz y el teniente Edwin Bonilla de la Policía Nacional (PN) han sido separados de sus cargos para investigar si están vinculados con la fuga del asesino múltiple Gilberto Ventura Ceballos, conocida el pasado 3 de febrero.
Se trata de una investigación administrativa y no podrán ejercer sus funciones hasta tanto finalice el proceso adelantado por la Dirección de Responsabilidad Profesional de la PN.
La información concuerda con el comunicado del 4 de febrero pasado, emitido por la PN. En la nota de prensa se destacó que “existen indicios registrados en las cámaras de seguridad del penal que en esta evasión hubo participación de policías asignados a la seguridad del centro penitenciario, quienes han sido separados de la función policial”.
Ventura Ceballos fue recapturado el pasado jueves 13 de febrero en Chiriquí, a menos de 150 kilómetros de la frontera con Costa Rica.
En una residencia en Bugaba, Chiriquí, se hizo un allanamiento y se ubicaron equipos de comunicación que presuntamente tienen relación con el apoyo para la movilización del homicida, a quien le encontraron un radio y binoculares.
Tras los hallazgos, la PN y el Ministerio Público (MP) le siguen la pista a dos personas. Se espera que en las próximas horas el MP presente a Ventura Ceballos ante un juez de garantías.
Policía Nacional busca a cómplices de Ventura Ceballos
Un día después de la recaptura del asesino múltiple Gilberto Ventura Ceballos en la comunidad de El Salado, distrito de Remedios, en Chiriquí, las autoridades anunciaron que tienen bajo la lupa como posibles cómplices a una mujer y un hombre en el distrito de Bugaba.
Personal de la Policía Nacional (PN) y del Ministerio Público (MP) efectuó un allanamiento en una residencia, en la que se incautaron de equipo tecnológico con el que supuestamente se comunicaban con Ventura Ceballos. Al momento de la diligencia, en la residencia no se encontraba ninguno de los sospechosos, por lo que se activaron operativos para tratar de ubicarlos.
El comisionado Luis Miranda, jefe de la zona policial de Chiriquí, indicó que las evidencias fueron puestas a órdenes de las autoridades del Ministerio Público, que adelantan una investigación por la fuga de Ventura Ceballos, el pasado 3 de febrero de La Nueva Joya.
Las autoridades decomisaron dos teléfonos celulares, computadoras y recibos de transacciones bancarias, evidencias que serán analizadas por peritos forenses del MP.
Todo indica que Ceballos quería llegar a Costa Rica, país donde se refugió entre 2016 y 2017 tras escaparse por primera vez de una cárcel panameña. En su país natal, República Dominicana, ya había mostrado sus habilidades para el crimen al secuestrar comerciantes y fugarse de la cárcel.
La PN, a cargo de Jorge Miranda, ofrecía una recompensa de $50 mil a quien diera detalles para capturar al homicida.
Miranda estuvo ayer en varios noticieros de radio y televisión hablando de la fuga. Insistió en que la captura de Ventura Ceballos se dio por informes de inteligencia, pero dijo que si el caso fuera que un ciudadano aportó información valiosa no revelaría si se pagó la recompensa.
Cuando fue apresado, Ventura Ceballos estaba debajo de un puente próximo a una finca privada y llevaba un radio de comunicaciones, una linterna, binoculares y $700 en efectivo.
El dominicano permanecerá bajo estricta vigilancia en la sede de la PN en Ancón, en una celda preventiva transitoria, hasta que las autoridades del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno, a cargo de Sheyla Grajales, determinen su traslado a un penal del país.
La Fiscalía de Atención Primaria de Panamá tiene que llevar a Ventura Ceballos ante un juez de garantías para deslindar su responsabilidad ante su última fuga. Es decir, que a los 55 años que paga se le sumarían posiblemente cinco más.
Los crímenes de Ventura Ceballos en Panamá se cometerion entre 2010 y 2011. Las víctimas fueron: Yessenia Argelis Loo, Yong Lian Wu, Samy Zeng Chen, Georgina del Carmen Lee y Mauricio Liu Wong. Ellos fueron secuestrados y asesinados.
Fuentes del MP han informado que otra de las diligencias que realiza el fiscal, Julio Villarreal, es la revisión, junto a peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de los videos de 500 cámaras de las mil que conforman el sistema de vigilancia de La Nueva Joya.
Esto serviría de evidencia para sustentar el caso ante un Tribunal de Garantías y ver quiénes son los posibles cómplices.
(Con información de Flor Bocharel y Juan Manuel Díaz)
MocaPresente.net 