Álvarez conocerá la primera etapa del proceso del caso, conocido como «Pandora», que involucra a 38 personas, entre ellos diputados, funcionarios públicos y personas particulares.

Duarte no precisó cuántos diputados están acusados, ni sus identidades, tampoco si han sido notificados de la citación o si están o no en el país, lo mismo que del resto de señalados.

Todos son acusados por presunto «abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras», según la denuncia presentada el 13 de junio por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic).

El portavoz judicial indicó que la magistrada citó también a audiencia al exalcalde de la localidad hondureña de Yoro Arnaldo Urbina Soto y a los apoderados legales del exministro de Finanzas William Chong Wong, quien falleció el 17 de junio a causa de un cáncer que padecía desde hace varios meses.

Urbina Soto, que ocupó el cargo entre 2009 y 2014 y es acusado por Estados Unidos de haber operado una organización de narcotráfico, y Chong Wong también han sido implicados en el caso «pandora».

El caso fue investigado por un equipo de expertos de la Ufecic y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras una denuncia de Pietro Di Battista, inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán.

Di Battista denunció una presunta «utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas. Se acumuló a la misma, la auditoría especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas, practicada a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)», indicó el 13 de junio la Maccih en un comunicado.

El equipo de investigación halló «indicios suficientes (de) que fondos públicos destinados a fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas (…), habían sido destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional (en el poder) como el Partido Liberal, en el año 2013, y otros gastos personales por un monto de 282.016.165 lempiras (unos 11,7 millones de dólares), añadió.

Los recursos, según la investigación, provenían de los ministerios de Agricultura y Ganadería y de Finanzas, y para desviar los fondos se utilizaron las fundaciones «Todos Somos Honduras» y «Dibattista», precisó la Maccih.

Las dos fundaciones recibieron «los fondos para desarrollar dichos proyectos, los que finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores (concejales) del Partido Nacional, del Partido Frente Amplio (Faper) y directamente a las arcas del Partido Liberal».

De acuerdo con la investigación, los recursos se habrían utilizado para financiar una tarjeta de descuentos denominada «La Cachureca», que el gobernante Partido Nacional entregó a sus simpatizantes en las elecciones generales del 24 de noviembre de 2013.