Son comunes los casos de clientes de bancos o compañías de telecomunicaciones que enfrentan dificultades para cancelar ciertos servicios. Entre los más comunes se encuentran las tarjetas de crédito y telefonía. Para evitar inconvenientes, los expertos recomiendan informarse correctamente antes de adquirirlos.

“Lo único que hay que hacer es leer antes de firmar, porque los contratos tienen validez de ley entre las partes”, explica el experto en finanzas personales, César Perelló. Aún así, si el cliente entiende que existen vulneraciones de sus derechos, debe dirigirse a la superintendencia de bancos o al Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor), recomienda.

“Si el contrato es abusivo y viola sus derechos, el cliente tiene todas las de ganar. Pero antes que nada debe leer, porque puede estar firmando un contrato perjudicial”, añade.

Yuly Alexander Mercedes, encargado del departamento de Educación de Pro-Consumidor,  explica que la adquisición de ciertos servicios implica la aceptación de período mínimo para mantenerlos. En esos contratos se estipulan penalidades para las partes, cuando el cliente quiere cancelar lo acordado de forma anticipada.

“Prácticamente todos los contratos contemplan ese tipo de penalizaciones cuando una de las dos parte quiere cancelar por anticipado. Sucede así si tomas un préstamo, si alquilas una casa, si adquieres un servicio telefónico, para mantener un ambiente de seguridad entre las dos partes”, comenta.

Reconoce que existe mucho desconocimiento entre los consumidores, lo que provoca malos entendido. Muchos consideran que pueden cancelar sus contratos en el momento en que consideren sin ningún tipo de problema. “Eso forma parte de nuestra idiosincrasia, que a veces adquirimos los servicios sin leer, firmamos un documento sin estar seguros de a qué me estoy comprometiendo”.

Los consumidores pueden además enfrentar inconvenientes a la hora de prescindir de ciertos servicios, debido al tiempo en que las empresas tardan para asimilar o procesar la cancelación.

Recalca que gran parte de las dificultades que enfrentan los clientes que desean terminar la relación contractual se produce durante el período de compromiso.

“Cada caso tiene una naturaleza probablemente diferente. El consumidor tiene que leer, informarse, identificar todos los compromisos que asume en un contrato justamente antes de formarlos”.

Afirma que son frecuentes las situaciones de inconformidad del usuario que no se desprenden de su desconocimiento del contrato que ha firmado, sino de la mala calidad de los servicios brindados. “Tampoco se debe cargar con toda la responsabilidad al consumidor, hay que ver cada caso”.

LIBERTAD PARA ELEGIR

Alfonsina Cuesta, directora de la Fundación de los Derechos del Consumidor (Fundecom), asegura que las empresas establecen cláusulas abusivas, sin ofrecer la debida información a los usuarios, limitando su libertad de elegir la empresa proveedora que mejor servicio les ofrezca.

“El caso de cancelación de servicios o rescindir de un contrato en este país es una de las dificultades que cada día manejan los usuarios, entre ellos los de servicios telefónicos, de cable, tarjetas de crédito y hasta hipotecarios”, dice. Se queja de que muchos contratos de adhesión tienen cláusulas abusivas, las cuales contienen penalizaciones para quienes las incumplan.

“El problema es que las empresas no informan debidamente a los usuarios, porque si te dicen que este contrato es por un año y que si lo cancelas en los cuatro meses tiene que pagar, difícilmente la gente los adquiera”, expresa.

Dice que, aún con la revisión que hizo Pro- Consumidor a los contratos de adhesión, no se ha podido eliminar las cláusulas abusivas, lo que violenta el derecho de elección del consumidor, según considera. “Si suscribes un contrato con la compañía equis y, por cualquier razón no quieres seguir con ellas, tienes que tener el derecho de irte a otro lugar.

Eso es coartar el derecho de elección del consumidor y violentarles sus derechos fundamentales porque no les dan la información”. Según Cuesta, otra de las trabas que imponen las empresas es el tiempo de espera que imponen a los usuarios cuando solicitan la cancelación de los servicios.